En medio de la creciente presión social y política por el financiamiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno nacional decidió apelar el fallo judicial que ordenó su aplicación inmediata. La presentación será elevada ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, luego de que la Justicia dejara sin efecto el Decreto 681/2025, mediante el cual el Ejecutivo había dispuesto la suspensión de la norma.
Desde el Poder Ejecutivo justificaron la apelación al considerar que la ley sancionada implica una intromisión en las decisiones propias del gobierno electo, particularmente en lo referido a la administración del gasto público y la elaboración del presupuesto. Además, sostienen que el fallo judicial carece de una definición clara sobre la fuente de financiamiento necesaria para su implementación, lo que —según argumentan— podría comprometer el equilibrio fiscal.
Ante la Cámara Federal, el Gobierno buscará dejar sin efecto la aplicación inmediata de la ley, insistiendo en la ausencia de un canal de financiamiento y en el debate sobre los límites de las competencias entre los poderes del Estado.
En paralelo, familias de personas con discapacidad, junto a organizaciones y prestadores de servicios, se manifestaron en la Casa de Gobierno para denunciar el impacto de la medida en tratamientos, prestaciones e instituciones que asisten al sector. El fallo apelado se originó a partir de un amparo judicial presentado por dos familias con hijos que cuentan con Certificado Único de Discapacidad.
En los pasillos de la Casa Rosada, en tanto, no descartan que la controversia escale hasta la Corte Suprema de Justicia, en caso de que la Cámara Federal de San Martín rechace la apelación presentada por el Ejecutivo.
