El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) presentó una apelación contra el fallo del juez Roberto Gallardo, que le ordenaba encargarse de manera exclusiva del operativo de seguridad durante las marchas de jubilados de los miércoles, prohibiendo la intervención de las fuerzas federales. La Procuración General de la Ciudad solicitó la revocación de la medida judicial y pidió su elevación urgente a la Cámara del fuero en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo para su tratamiento ante la inminente movilización de este miércoles.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se pronunció al respecto, reafirmando el compromiso de su administración con la seguridad en la Ciudad: "Nosotros vamos a garantizar la seguridad en CABA". Sin embargo, su postura contradice el fallo de Gallardo, quien había hecho lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la CGT y la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), para evitar la participación de fuerzas federales en los operativos.
El recurso de apelación, firmado por Agustín Luzzi, director General de Dictámenes y Litigios Complejos de la Procuración General de CABA, califica la medida precautoria dictada por Gallardo como improcedente debido a "la evidente falta de constatación de requisitos legales para su procedencia, la arbitrariedad de la medida y la ostensible falta de fundamentación, el apartamiento del debido proceso legal y por afectar la división de poderes".
En sus argumentos, la Procuraduría sostiene la nulidad del fallo, alegando que la resolución se tomó sin la intervención previa del Gobierno de la Ciudad ni se garantizó su derecho de defensa. "La Ciudad, en ningún momento, renunció al ejercicio de sus competencias en materia de seguridad. Y considera que el fallo es improcedente por su prejuzgamiento", indicaron desde Uspallata.
Además, la apelación plantea que "el Juez Gallardo se arroga facultades propias y excluyentes del Poder Ejecutivo, porque invade a la Administración, en cuanto a la 'discrecionalidad técnica' para fijar y establecer las políticas de seguridad en el marco de su autonomía, a través del Ministerio de Seguridad de la Ciudad".
El Gobierno porteño argumenta que el fallo se basa en la "simple convicción personal" del juez, sin fundamentos válidos, y presupone una omisión de la Ciudad en la administración de la seguridad. Advierten que la medida judicial afecta el normal desarrollo de las fuerzas de seguridad coordinadas con las fuerzas federales y compromete gravemente el interés público del operativo de seguridad.
Los argumentos del juez Gallardo para ordenar la seguridad porteña
En su fallo, el juez Gallardo cuestionó los operativos federales previos en las inmediaciones del Congreso, calificándolos como generadores de "violencia, conflictos y caos". Advirtió sobre una "actitud avasalladora y excesiva" del Estado nacional sobre la autonomía de la CABA, bajo el pretexto de aplicar protocolos de seguridad.
El magistrado remarcó la autonomía de la Ciudad y criticó la supuesta omisión del Poder Ejecutivo local en instrumentar políticas de seguridad en estas manifestaciones, lo que consideró un "abandono de poder" que reduce a las fuerzas de seguridad locales a "simples espectadores o ayudantes".
El Gobierno Nacional denuncia al juez Gallardo
En paralelo a la apelación de la Ciudad, el Ministerio de Seguridad de la Nación anunció la presentación de una denuncia por "mal desempeño en sus funciones" contra el juez Roberto Gallardo ante el Consejo de la Magistratura. A través de su cuenta en la red social X, el Ministerio cuestionó al magistrado por "sobrepasar los límites de su rol con una clara intención política, interfiriendo en tareas exclusivas del Poder Ejecutivo y obstaculizando la labor de las Fuerzas Federales en la protección de los ciudadanos".
La disputa judicial entre el Gobierno de la Ciudad y la justicia porteña, con la intervención del Gobierno Nacional, genera incertidumbre, sobre cómo se desarrollará el operativo de seguridad en la próxima marcha de jubilados y pone de manifiesto las tensiones en torno a la autonomía de la Ciudad en materia de seguridad.
