El Ministerio de Seguridad de la Nación, encabezado por Patricia Bullrich, presentará el próximo lunes una denuncia contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los 114 detenidos durante la marcha en defensa de los jubilados frente al Congreso. La acusación será por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato, delitos que se configuran cuando un magistrado dicta resoluciones contrarias a la ley.
Una decisión judicial que generó polémica
Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, será el encargado de presentar la denuncia contra la jueza. Fuentes oficiales argumentan que la decisión de Andrade violó la ley al no evaluar correctamente los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación antes de ordenar la liberación de los manifestantes.
“No es que nos estamos quejando de que no nos gusta lo que resolvió, sino que el modo en que lo resolvió violó la ley”, señalaron fuentes cercanas a la ministra Bullrich.
La defensa de la jueza Andrade
Por su parte, la magistrada defendió su accionar y explicó que su fallo estuvo basado en la Constitución Nacional y en la protección del derecho a la protesta y la libertad de expresión. “Mi argumento fue estrictamente jurídico y apegado a la Constitución”, sostuvo Andrade en declaraciones a distintos medios. Además, citó al constitucionalista Roberto Gargarella, quien sostiene que la protesta es un “derecho baluarte” del sistema democrático.
En su resolución, Andrade también cuestionó el accionar de las fuerzas de seguridad, señalando que no le proporcionaron la información necesaria sobre las detenciones. Según su fallo, las detenciones fueron informadas con frases genéricas como “misma situación” o “mismo lugar”, sin precisar los delitos específicos que se les imputaban a los manifestantes.
Además, argumentó que la Policía no garantizó un control judicial efectivo y que en un principio solo tenía conocimiento de 14 personas detenidas. También destacó que la falta de información sobre los lugares de alojamiento de los arrestados complicaba la legalidad del procedimiento.
La postura del Gobierno y el trasfondo del caso
Desde el Ministerio de Seguridad insisten en que la jueza obvió información clave y que su fallo buscó “anular el procedimiento policial”. Fuentes cercanas a Bullrich consideran que la magistrada ignoró la dificultad operativa de identificar a más de 100 personas en medio de los disturbios y que esto pudo haber influido en su decisión.
La denuncia contra Andrade se suma a la presentación que la cartera de Seguridad ya realizó el viernes contra supuestos barrabravas por “sedición”, y a la acusación contra los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza) y Federico Otermin (Lomas de Zamora) por presuntamente haber colaborado en la organización de la protesta.
Con este nuevo paso judicial, el Gobierno busca sentar un precedente en torno a la actuación de la Justicia en situaciones de conflicto social y manifestaciones masivas.
