El Gobierno Nacional tiene previsto presentar un proyecto de modificación de la Ley de Salud Mental durante las sesiones ordinarias de 2026, que comenzarán el 1° de marzo. La iniciativa apunta a actualizar aspectos polémicos de la Ley N° 26.657 de Salud Mental y Adicciones, vigente desde 2010 y reglamentada en 2013, que generó controversias por su implementación.
Según fuentes del Poder Ejecutivo, el proyecto buscará habilitar internaciones involuntarias bajo autorización judicial en casos determinados, así como avanzar en la creación de centros especializados y la implementación de dispositivos terapéuticos necesarios para la atención de pacientes con trastornos mentales graves.
El objetivo de estas modificaciones responde a reclamos históricos de familias de pacientes, profesionales del área y fuerzas de seguridad, quienes señalaron limitaciones en la aplicación práctica de la ley, diseñada originalmente con un enfoque antimanicomial para proteger los derechos de los pacientes.
Entre los puntos que se prevé incluir se destacan:
La intervención judicial para autorizar internaciones excepcionales.
Definición de cuatro casos específicos en los que la hospitalización pueda ser aplicada como recurso terapéutico.
Creación de neuropsiquiátricos y dotación de facultades al defensor de pacientes para solicitar medidas terapéuticas.
Modificaciones en las condiciones de egreso y rehabilitación de pacientes.
Ajustes en la composición del Órgano de Revisión.
El proyecto aún se encuentra en etapa de redacción, pero se espera que sea anunciado formalmente por el presidente Javier Milei durante la Apertura de Sesiones en marzo.
Estas modificaciones generaron controversia entre activistas y sectores vinculados a la salud mental, que advierten sobre un posible retroceso hacia la manicomialización, mientras que la Casa Rosada argumenta que la iniciativa busca prevenir episodios de riesgo, como el asesinato del efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, víctima de un hombre con antecedentes psiquiátricos graves.
El debate promete ser central en la agenda legislativa de 2026, enfrentando la necesidad de garantizar la seguridad pública y los derechos de los pacientes en un marco de atención especializada.
