El Gobierno nacional publicará en los próximos días un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que introduce modificaciones en la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 y redefine la estructura y el funcionamiento del sistema de inteligencia argentino. La medida, firmada por el presidente Javier Milei, ampliará las capacidades de la actual Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y marcará un cambio conceptual en la forma de concebir sus tareas.
Uno de los ejes centrales del decreto es la redefinición del carácter de las actividades de inteligencia, que pasarán a ser consideradas de manera general como tareas “encubiertas”. Según el criterio expuesto en el texto, esta clasificación se fundamenta en la sensibilidad de la información que manejan los organismos del sector y en la necesidad de protegerla frente a eventuales filtraciones o usos indebidos.
Desde el Poder Ejecutivo se sostiene que el nuevo enfoque apunta a disminuir lo que el decreto denomina “riesgo estratégico nacional”, concepto que alude a amenazas potenciales para la seguridad del Estado, tanto en el plano interno como externo. En ese marco, la ampliación de atribuciones de la SIDE buscaría dotar al organismo de mayor capacidad operativa y de respuesta frente a escenarios complejos.
La iniciativa se inscribe en una revisión más amplia del esquema de seguridad e inteligencia impulsado por el Gobierno, aunque se anticipa que el uso de un DNU para modificar una ley sensible generará debate político y cuestionamientos en el Congreso y en sectores especializados. Mientras tanto, el Ejecutivo avanza con la implementación del nuevo marco normativo, que promete redefinir el rol y el alcance de la inteligencia estatal en la Argentina.
