Familiares de personas asesinadas durante la última dictadura militar exigieron la expulsión de la diputada nacional Lilia Lemoine tras su participación en un programa de streaming donde se realizaron burlas sobre los vuelos de la muerte. Además, anunciaron que impulsarán una denuncia judicial por apología del terrorismo de Estado.
El hecho ocurrió el sábado pasado en el programa FDC del canal Ánima Digital. Durante la emisión, el panelista Alfredo “Rino” Gammariello dijo: “Cuando van a las marchas los bañan; si los tiran de los aviones, no saben nadar”, en referencia a los vuelos de la muerte y al caso de Santiago Maldonado. Lemoine, sentada junto al panelista, reaccionó con risas ante los comentarios.
El colectivo Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz —cuyos seres queridos fueron secuestrados, torturados y arrojados al mar durante la dictadura— denunció que estas expresiones constituyen una “reivindicación de crímenes de lesa humanidad y un profundo desprecio por el dolor de las víctimas y del pueblo argentino”.
El organismo de derechos humanos recordó que los hechos fueron probados judicialmente, que los responsables fueron condenados y que el avión utilizado en los vuelos de la muerte se encuentra actualmente en el Sitio EX ESMA como testimonio histórico.
Además de la denuncia penal, los familiares exigieron una respuesta institucional de la Cámara de Diputados. Señalaron que el episodio se enmarca en una serie de acciones de legisladores de La Libertad Avanza vinculadas a la reivindicación del terrorismo de Estado, incluyendo visitas a genocidas detenidos.
“Quienes banalizan el horror y justifican la represión se colocan deliberadamente del lado más oscuro de nuestra historia y no deben quedar impunes”, afirmaron los familiares, reclamando la separación inmediata de Lemoine del Congreso.
Especialistas en derecho consultados indicaron que las expresiones podrían encuadrar como discurso de odio, en línea con la Ley Antidiscriminatoria 23.592, que sanciona a quienes incitan a la persecución o al odio contra personas por ideas políticas, entre otras causas.
El caso generó un fuerte repudio social y mediático, reforzando el debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y comunicadores al referirse a hechos de extrema gravedad histórica.