Este sábado se cumple exactamente un año de uno de los hechos más controvertidos de la gestión de Javier Milei. Fue a las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025 cuando el Presidente publicó un tuit promocionando $Libra, un supuesto "instrumento para financiar pymes". Minutos después, la ilusión se rompió: el valor del token se desplomó en un clásico esquema de "rug pull" (estafa de salida), dejando un saldo de 44.000 damnificados en todo el mundo, de los cuales al menos 1.329 son argentinos.
A 365 días del escándalo, el escenario judicial presenta una parálisis llamativa: la causa, actualmente en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, todavía no tiene ningún convocado a prestar declaración indagatoria, a pesar de la acumulación de pruebas y denuncias.
El pacto secreto y la conexión internacional
Mientras la investigación local avanza a paso lento, se conocieron detalles reveladores sobre la trastienda de la estafa. A fines de enero trascendió un acuerdo confidencial firmado el 29 de enero de 2025 —apenas dos semanas antes del lanzamiento de la moneda— entre Javier Milei y Hayden Davis, el CEO estadounidense de Kelsier Ventures y principal impulsor de $Libra.
En dicho documento, Davis asumía el rol de "asesor ad honorem" del Estado en materia de blockchain e inteligencia artificial. Sin embargo, investigaciones posteriores detectaron billeteras virtuales vinculadas a Davis que realizaron transferencias superiores al millón de dólares y mensajes donde el empresario se jactaba de "influir" en el Gobierno mediante supuestos pagos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Las visitas a la Rosada
La trama no solo involucra a actores extranjeros. La figura de Mauricio Novelli, empresario argentino, fue señalada como el nexo clave. Los registros oficiales marcan que Novelli ingresó 10 veces a la Casa Rosada durante 2024, visitas autorizadas en su mayoría por Karina Milei.
La Justicia confirmó que Novelli recibió transferencias directas de los creadores de la memecoin. Aunque la jueza María Servini ordenó en su momento la inmovilización de sus bienes y allanamientos (donde se descubrió que había borrado información de sus dispositivos), los embargos actuales —cuestionados por la querella de Juan Grabois— rondan apenas los 37 millones de pesos, una cifra que contrasta con la magnitud del fraude.
Frentes judiciales abiertos
Mientras el Gobierno sostiene que se trató de un "problema entre privados" y que el Presidente "solo lo difundió", la situación legal se complica en varios frentes:
- En Argentina: La Cámara Federal ordenó actualizar los embargos. Además, se debe definir si se acepta como querellantes a dos ciudadanos bielorrusos que perdieron dos millones de dólares.
- En Estados Unidos: Tramita una demanda colectiva en el Distrito Sur de Nueva York a cargo de la jueza Jennifer Rochon, que acusa a Milei de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".
- En el Congreso: Antes de su disolución, la Comisión Especial Investigadora presidida por Maximiliano Ferraro concluyó que existió una "colaboración imprescindible" del mandatario en la estafa, instando al Parlamento a evaluar un juicio político.
