La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra en una etapa clave. Este lunes comenzarán las indagatorias con la declaración de su extitular, Diego Spagnuolo, quien se presentará a las 9.30 en Comodoro Py.
En total, son 34 las personas imputadas en un expediente que analiza un entramado de supuestos sobreprecios, direccionamiento de contrataciones y desvío de fondos públicos. Entre los citados también se encuentra quien fue segundo en la estructura del organismo, Daniel María Garbellini. El cronograma continuará con Miguel Ángel Calvete, previsto para el martes, y Andrés Horacio Arnaudo, el miércoles.
De acuerdo a la resolución del juez federal Ariel Lijo, se habría implementado un sistema de contrataciones con apariencia de competencia, pero en realidad coordinado entre empresas vinculadas entre sí y con funcionarios del organismo. Según la investigación, estas firmas simulaban competir en las compulsas de precios, cuando en los hechos garantizaban adjudicaciones previamente acordadas.
El magistrado también ordenó la inhibición general de bienes de los involucrados, al considerar que existe riesgo de maniobras para desprenderse de activos que podrían ser recuperados por el Estado.
Si bien la causa ya tenía procesados desde febrero, en los últimos meses avanzó sobre un segundo circuito de presuntos desvíos dentro del organismo. Según la fiscalía, se detectaron movimientos por más de $75 mil millones que habrían beneficiado a un grupo reducido de empresas.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Franco Picardi junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, sostiene que estas maniobras se habrían desarrollado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en un período en el que la ANDIS dependía del Ministerio de Salud.
En ese marco, los investigadores apuntan a acuerdos indebidos entre funcionarios públicos y proveedores privados, especialmente vinculados a medicamentos e insumos de alto costo, lo que habría permitido la ejecución de estas operaciones bajo un esquema coordinado.
Con el inicio de las indagatorias, la causa entra en una fase decisiva para determinar responsabilidades y avanzar en el esclarecimiento de uno de los casos más sensibles vinculados al manejo de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.
