La Justicia Federal avanza en una investigación para determinar si los propietarios de la droguería Suizo Argentina habrían financiado de manera oculta el evento musical encabezado por el presidente Javier Milei el 6 de octubre de 2025 en el microestadio Movistar Arena.
El expediente está en manos del Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, y busca establecer si la familia Kovalivker habría aportado miles de dólares para solventar el espectáculo en el que el mandatario presentó su libro La construcción del milagro y participó de un show en vivo junto a una banda de rock.
De acuerdo con la investigación, una de las hipótesis centrales es la posible existencia de un delito de dádivas vinculado al financiamiento del evento. Si bien en su momento se informó que los gastos de logística y alquiler del predio habían sido cubiertos por la editorial Hojas del Sur, los investigadores sospechan que el verdadero financista habría sido el empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker.
El costo del alquiler del Movistar Arena habría oscilado entre los 150.000 y 300.000 dólares, una cifra que, según los investigadores, resultaría difícil de afrontar para una editorial en el actual contexto económico.
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La causa también apunta a un vínculo entre el jefe de Estado y el empresario, que habría contado con la mediación del escritor Nicolás Márquez. Según la investigación, existía la posibilidad de que Kovalivker participara del evento, pero ese plan se habría frustrado tras el estallido del caso ANDIS en agosto de 2025.
En el expediente, el abogado Yamil Castro Bianchi incorporó audios atribuidos a una vocera del empresario, en los que se mencionan supuestos aportes de dinero para la organización del evento.
En esas grabaciones también se describen presuntas maniobras posteriores a allanamientos judiciales, incluyendo el hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo y situaciones de ocultamiento de dispositivos electrónicos, según consta en el material incorporado a la causa.
Por último, los tribunales de Comodoro Py analizan la posible comisión de delitos como aceptación de dádivas, negociaciones incompatibles con la función pública y exacciones ilegales, mientras la investigación continúa en etapa de recolección de pruebas.
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