El patrimonio del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quedó bajo la lupa luego de conocerse la evolución de sus declaraciones juradas, que muestran un crecimiento de 3 millones de pesos en 2015 a 968,6 millones de pesos en 2025.
El caso tomó relevancia en medio de la polémica generada por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito que alcanzan a otros funcionarios nacionales, lo que volvió a poner el foco sobre las declaraciones patrimoniales de integrantes del Gobierno.
De acuerdo con los registros presentados ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el patrimonio de Santilli se multiplicó en términos nominales durante los últimos once años. Según el análisis difundido, incluso descontando el efecto de la inflación y la devaluación mediante una conversión a moneda dura, el valor real de sus activos también habría registrado un importante crecimiento.
Entre los principales bienes declarados figura un departamento de más de 300 metros cuadrados con cochera sobre la avenida Figueroa Alcorta, en la Ciudad de Buenos Aires, considerado el activo de mayor valor dentro de su patrimonio. También declaró participación accionaria en la empresa Sanfor Investments S.A., además de depósitos bancarios y dinero en efectivo.
Uno de los aspectos que despertó cuestionamientos fue el mecanismo utilizado para financiar la compra del inmueble en 2015. Según las declaraciones juradas, la operación incluyó un crédito otorgado por el empresario Marcos Podestá, cuyas empresas mantenían contratos con organismos estatales.
Desde el entorno de Santilli rechazaron cualquier irregularidad y sostuvieron que todas las operaciones fueron declaradas y se encuentran debidamente justificadas. Además, señalaron que el crédito fue cancelado posteriormente mediante la venta de otros bienes y que el funcionario se desvinculó de las funciones ejecutivas de Sanfor Investments S.A. a comienzos de 2025, permaneciendo únicamente como accionista.
El crecimiento patrimonial volvió a instalar el debate sobre la transparencia de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos, mientras distintos sectores reclaman un mayor control sobre la evolución de los bienes de quienes ejercen cargos en el Estado.
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