La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario Lázaro Báez presentaron recursos de queja ante la Justicia en un intento por frenar o dilatar la ejecución de bienes en el marco de la causa Vialidad, donde fueron condenados por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La presentación se realizó un día después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la actualización del monto del decomiso, que pasó de aproximadamente $85.000 millones a casi $685.000 millones, al considerar la actualización por inflación según el IPC del INDEC.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó los planteos de nulidad presentados por las defensas y dejó firme la cifra que deberán afrontar los condenados. Sin embargo, aún resta definir la etapa de ejecución patrimonial.
La estrategia de la defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también apunta a evitar el decomiso de bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no existe prueba que los relacione con el delito investigado.
Entre los bienes que podrían ser alcanzados figuran propiedades en Río Gallegos y El Calafate, el departamento de San José 1111, donde permanece detenida, hoteles y otros activos, además de dinero secuestrado en una caja de seguridad.
El valor total del decomiso fue recalculado por la Justicia en base a los perjuicios derivados de sobreprecios y maniobras en licitaciones de obra pública en Santa Cruz.
Mientras tanto, otros condenados y la Unidad de Información Financiera (UIF) también realizaron presentaciones, lo que podría extender los plazos del proceso, aunque las quejas no tienen efecto suspensivo sobre la ejecución, que podría avanzar en paralelo.
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