En una nueva embestida judicial, el Gobierno nacional reiteró su pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria que goza Milagro Sala desde 2017 y que la dirigente jujeña sea trasladada a una cárcel común para cumplir su condena "tras las rejas".
La presentación fue realizada por el Ministerio de Justicia, conducido por Mariano Cúneo Libarona, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. El objetivo es claro: que la líder de la organización Tupac Amaru cumpla de manera efectiva la pena de 15 años de prisión que tiene firme por delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.
"Sin privilegios"
Desde la cartera de Justicia fueron tajantes al considerar que Sala debe estar "con el resto de los delincuentes" y sin trato preferencial. "Esta medida de la CIDH se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres", sentenciaron en el comunicado oficial.
El Gobierno fundamentó su postura argumentando que los derechos humanos deben proteger a las personas y no ser utilizados como una herramienta para garantizar la impunidad. "En la nueva Argentina del presidente Javier Milei, se terminaron los privilegios de la casta que se enriquecen a costa de los argentinos de bien", remarcaron, insistiendo en que "hay un solo lugar para los criminales: la cárcel".
Violación de la domiciliaria
Uno de los puntos clave del reclamo es un informe técnico que el Estado argentino presentó para desestimar las denuncias de "hostigamiento judicial" que esgrime la defensa de Sala. Según el Gobierno, la dirigente "violó las condiciones de la prisión domiciliaria al cambiar de ubicación sin autorización del juez", lo que activó las alertas del sistema de monitoreo electrónico.
Para el Ministerio, las medidas de control que se tomaron tras ese incidente son parte del régimen de ejecución penal y no una persecución. "Presentar esas medidas como 'hostigamiento' busca invertir la carga de los hechos y fabricar un relato para sostener un privilegio", concluyeron.
