El Gobierno nacional confirmó que está cumpliendo de manera parcial con la Ley de Emergencia en Discapacidad, tras la presión de la Justicia que ordenó su ejecución inmediata desde el 4 de febrero. Desde Casa Rosada informaron que se transfieren recursos mínimos cada mes para evitar sanciones, pero aún no se incorporan la totalidad de los gastos previstos en la normativa.
Fuentes oficiales explicaron que la decisión busca prevenir que la implementación completa genere un déficit en el presupuesto 2026. En paralelo, la administración de Milei prepara una propuesta de reforma legislativa que presentará al Congreso desde marzo, con el objetivo de redefinir ciertos puntos de la ley y hacerla financieramente sustentable.
La estrategia oficial se basa en cumplir lo indispensable para no infringir la normativa mientras se negocian modificaciones que reduzcan su impacto fiscal.
