La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito sumó nuevas medidas en las últimas horas. El fiscal Gerardo Pollicita puso el foco en las refacciones realizadas en una propiedad ubicada en un country de Exaltación de la Cruz y citó a declarar al contratista a cargo de las obras.
Se trata de Matías Tabar, representante de una empresa constructora, quien deberá presentarse el próximo 24 de abril en los tribunales de Comodoro Py. Allí, tendrá que aportar toda la documentación vinculada a los trabajos realizados, incluyendo presupuestos, contratos, facturas, comprobantes de pago y cualquier tipo de comunicación mantenida con el funcionario o su entorno.
Además, se le solicitó detallar los medios de pago utilizados, ya sea en efectivo, transferencias, cheques o cualquier otra modalidad, junto con la identificación de fechas, montos y personas involucradas en cada operación.
En paralelo, la fiscalía requirió información a la administración del country donde se encuentra el inmueble, con el objetivo de conocer detalles sobre el pago de expensas y la tasa de ingreso al predio, abonada al momento de la adquisición.
La investigación también avanzó con una medida clave: el levantamiento del secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y una empresa vinculada a la familia, con el objetivo de analizar movimientos financieros entre 2022 y 2025.
A su vez, fueron citados otros testigos que deberán declarar en las próximas semanas y aportar documentación sobre distintas operaciones inmobiliarias bajo análisis, incluida la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.
El expediente busca reconstruir la trazabilidad de los fondos utilizados y el crecimiento patrimonial del funcionario. Uno de los puntos centrales está puesto en la estructura de la compra de ese inmueble, que incluyó una hipoteca sin intereses por 200 mil dólares, un esquema que continúa bajo análisis por parte de la fiscalía.
En ese contexto, la escribana que intervino en la operación ya declaró ante la Justicia y sostuvo que se trató de una transacción habitual, sin irregularidades. Sin embargo, los investigadores mantienen dudas sobre la lógica económica del acuerdo.
La causa se inició a partir de una denuncia que señala inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario, con un incremento patrimonial significativo en un corto período, lo que motivó la apertura del expediente y las medidas que continúan en curso.
