Una controversia que se inició en redes sociales escaló rápidamente al ámbito judicial. El juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas abrió una causa penal para investigar la legalidad de una serie de créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios, legisladores oficialistas y personas cercanas al poder.
La denuncia busca determinar si existieron tratos preferenciales o posibles maniobras de tráfico de influencias en la concesión de estos préstamos, que ahora quedaron bajo la lupa en los tribunales de Comodoro Py.
Uno de los casos que más repercusión generó es el de Federico Sharif Menem, sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con 24 años y un ingreso cercano a los $2 millones, accedió a un crédito por $357 millones, un monto que especialistas consideran desproporcionado en relación con su capacidad crediticia.
El expediente judicial buscará establecer si las condiciones de estos préstamos se ajustaron a los criterios habituales del sistema financiero o si hubo beneficios indebidos para determinados solicitantes.
Mientras avanza la investigación, el caso suma repercusión política y mediática, en un contexto de creciente sensibilidad social frente al acceso al crédito y la transparencia en el manejo de fondos públicos.
