La controversia por los ingresos de la clase política vuelve a sacudir los pasillos del Congreso Nacional. En un contexto económico donde el poder adquisitivo general se encuentra fuertemente golpeado, las dietas de los senadores treparon a los $11,5 millones brutos mensuales, dejando expuesto un privilegio que genera fuerte indignación social y profundas grietas dentro del propio recinto.
Este salto millonario no es casual, sino el resultado del último reajuste salarial del 11,9% otorgado a los empleados legislativos. Desde la sanción de una polémica norma en 2024, los ingresos de los representantes de las provincias quedaron "enganchados" a las paritarias de los trabajadores del sector, un mecanismo automático del que los diputados nacionales están excluidos.
Ante la inminente ola de críticas, la vicepresidenta Victoria Villarruel avaló con su firma las actas de los aumentos acordados con los gremios APL, ATE y UPCN, aunque intentó despegarse del costo político de la medida. Mediante una salvedad en la resolución, la titular del Senado aclaró que estaba en contra de la suba y dejó a criterio de cada legislador la decisión de donar o percibir el incremento, debiendo notificarlo formalmente a la presidencia de la Cámara.
La presión para derogar el "enganche"
El revuelo obligó a varios senadores a mover sus fichas. Legisladores como el libertario Pablo Cervi y el patagónico José María Carambia (Moveré por Santa Cruz) salieron a exigir no solo el rechazo al cobro, sino una solución de fondo: desarmar el sistema que ata sus dietas a las paritarias del personal legislativo. Carambia, quien dona parte de su sueldo desde el año pasado, cuestionó la falta de voluntad de sus pares para anular la resolución y podría forzar un planteo en la próxima sesión.
Cabe recordar que la normativa que originó este mecanismo de incrementos automáticos fue aprobada en abril de 2024 en un trámite exprés. A mano alzada, en menos de un minuto y sin votación nominal para evitar el registro individual, el Senado dio luz verde a un proyecto que llevó los sueldos a 7,5 millones de pesos en aquel entonces.
Frente a este nuevo capítulo del escándalo, una cascada de renuncias al aumento comenzó a llegar desde distintos bloques, en un intento por mostrar austeridad ante una sociedad asfixiada por el ajuste. Referentes del oficialismo como Patricia Bullrich y María Emilia Orozco manifestaron que la política debe acompañar el esfuerzo de los argentinos. Lo propio hicieron desde la UCR, el PRO, el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y algunos sectores del Justicialismo, como el sanjuanino Sergio Uñac.
En esta misma sintonía, los representantes por Santiago del Estero también formalizaron su negativa a percibir el incremento. A través de un comunicado conjunto, los legisladores Gerardo Zamora y Elía Moreno (Frente Cívico), junto a José Neder (interbloque Justicialista), consideraron "inoportuno" el aumento en el marco de la situación que atraviesa el país, declinando la suba para aportar a la transparencia y cuidado de los recursos públicos.
Pese a la catarata de rechazos individuales, el debate central sigue postergado. Mientras los acuerdos de cúpula y los congelamientos temporales operan como parches ante la presión pública, el Senado todavía adeuda discutir en el recinto la derogación definitiva de un sistema que, mes a mes, ensancha la brecha entre los ingresos legislativos y la realidad económica nacional.
