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Política

La Justicia busca determinar si los líderes sabían sobre los aprietes a beneficiarios de planes

Para arribar a esa conclusión, será clave el análisis de los documentos secuestrados en los allanamientos del pasado lunes.

La Justicia avanza con la investigación a dirigentes sociales acusados de extorsionar y amenazar a beneficiarios de planes al desviar fondos y manipular los programas de asistencia del Estado. Tras los allanamientos en domicilios de piqueteros y comederos de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano, la causa busca ahora esclarecer si los delitos fueron cometidos de manera aislada por algunos dirigentes o si en rigor se trataba de un plan organizado en el que también participaban los líderes de cada organización.

Para intentar arribar a esa posible conclusión, el fiscal Gerardo Pollicita analizará la documentación secuestrada en los allanamientos que se realizaron el pasado lunes, en el que además de dinero, se encontró documentación importante como planillas contables de las organizaciones sociales, listados de presentes en las marchas y tarjetas de crédito y débito.

Entre los allanados se encuentran Javier Cantero, de la mesa nacional del Polo Obrero, y María Dotti, otra dirigente importante de esa agrupación. Del análisis de sus celulares, computadoras y documentos se intentará determinar si otros dirigentes también participan de actos de extorsión y aprietes a beneficiarios del Potenciar Trabajo, lo que podría demostrar que se trata de una organización delictiva con participación de otros referentes.

 

La causa contra dirigentes sociales: buscan determinar si eran casos aislados o un plan organizado de extorsión

En los allanamientos se secuestraron 8 millones de pesos, 76 mil dólares, celulares, computadoras y registros contables pertenecientes a varios movimientos sociales, como Barrios de Pie, Polo Obrero y Frente de Organizaciones en Lucha. Se encontraron además listas de asistencias a marchas y otros papeles que detallan la estructura interna de las organizaciones.

Los investigadores quieren inmiscuirse de lleno en la estructura organizativa de los movimientos sociales para entender qué función cumplían los referentes, delegados y subordinados. Estas personas participaban de la exigencia de dinero, la coacción para asistir a marchas y la venta de alimentos destinados a comedores comunitarios.

El desafío ahora es determinar si estas acciones eran situaciones aisladas de algunos punteros o si, por el contrario, existe un plan sistemático que involucra a los líderes de estas organizaciones, como por ejemplo el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Los peritajes serán determinantes para verificar los números y movimientos financieros de las organizaciones, así como para identificar el origen del dinero secuestrado. En la casa de Lorenzo Martelli, del Frente de Organizaciones en Lucha, se hallaron 15 libros contables.

Las denuncias contra los acusados, que cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios y a los que se secuestró dinero y documentos supuestamente provenientes de planes, surgieron a través de la línea 134 que el Gobierno habilitó para hacer denuncias: allí se recibieron los testimonios de extorsiones para participar de las marchas y que se basaban en malos manejos del plan Potenciar Trabajo.

El oscuro entramado de corrupción involucra a referentes de Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha. Pero los más perjudicados son los del Polo Obrero. Entre los principales implicados se encuentran los dirigentes Jeremías Adrián Cantero, Jorge Antonio Rosas, Lesli Castillo, María Dotti, Nilsa Torres y Lorenzo Martelli. Los allanamientos en sus casas particulares y lugares donde supuestamente funcionan comedores comunitarios arrojaron evidencia contundente de la magnitud del fraude.

El modus operandi de los acusados fue descubierto a partir de testimonios de los propios beneficiarios de planes sociales, que aportaron chats y mensajes de audio en los que aparecía la extorsión por parte de los líderes piqueteros.

Según un informe revelado en TN, los dirigentes de estas organizaciones habrían desplegado un sistema de cobro de porcentajes del Programa Potenciar Trabajo, además de amenazar a los beneficiarios con la pérdida de sus planes en caso de no hacer los aportes exigidos.

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