Desde la asunción del presidente Javier Milei el 10 de diciembre de 2023, 18.659 efectivos de las Fuerzas Armadas solicitaron la baja, según el informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados. La mayor parte de las deserciones corresponde a soldados voluntarios con menos de dos años de servicio, afectados por retrasos salariales, falta de estímulos profesionales y mejores ofertas laborales en el ámbito civil.
El detalle por fuerza indica que 14.614 pertenecen al Ejército, 2.971 a la Fuerza Aérea y 1.074 a la Armada, mientras que el plantel total de las Fuerzas Armadas se mantiene en 83.000 efectivos. Según fuentes castrenses, las bajas no se compensan adecuadamente con los egresos de los institutos de formación militar.
La deserción afecta especialmente a las grandes ciudades como Buenos Aires y Córdoba, donde los costos de vida elevados y las oportunidades en el sector privado duplican o triplican los salarios de los militares. Por ejemplo, un cabo enfermero en un hospital militar percibe alrededor de $500.000, mientras que en el sector civil podría cobrar $1.000.000. Además, la creación de policías provinciales y locales ha generado ofertas tentadoras para oficiales y suboficiales jóvenes, quienes pueden mantener su grado y antigüedad, pero con mejores condiciones salariales y cobertura de salud.
El retraso salarial y la falta de equipamiento son también factores determinantes. Según fuentes del Ejército, muchos soldados aún portan fusiles FAL de la época de Malvinas, con pocos accesorios modernos, mientras que la artillería recibe una cantidad de municiones insuficiente para entrenamientos completos. La situación afecta especialmente a los oficiales jóvenes, quienes perciben haberes que, para algunas categorías, apenas superan la línea de pobreza para una familia tipo.
Si bien algunos sectores oficialistas relativizan las cifras, señalando que las bajas son parte del movimiento natural de personal, en los cuarteles se percibe una preocupación creciente por la insatisfacción profesional, la falta de incentivos y las restricciones materiales, que influyen directamente en la pérdida de vocación militar y en la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas.
Con información de La Nación.
