El presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia y exdefensor del Pueblo, Dr. Lionel Enrique Suárez, participó del ciclo "Actualidad Política" emitido por Radio LV11, donde brindó detalles sobre el rol clave del organismo en la administración pública y la transparencia del Estado.
Durante la entrevista, Suárez subrayó que el Tribunal de Cuentas es un organismo técnico, encargado de auditar y controlar la ejecución presupuestaria de todas las áreas del Gobierno provincial, incluidas secretarías, ministerios y entes descentralizados. "Nuestra función es garantizar la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos", explicó.
Asimismo, destacó que, por primera vez en mucho tiempo, el Tribunal de Cuentas está constituido en su totalidad, con cinco vocales en funciones. "Por elección de mis pares, me toca presidir el organismo en este primer año. Me acompañan los doctores Raúl Leoni Beltrán, María Isabel Pérez, Claudia Andrea del Valle Lucio Falcione y Mariano Helman, con quienes integramos las distintas salas", precisó.
Capacitación y transparencia
Uno de los ejes abordados fue la capacitación a municipios y comisiones municipales sobre la correcta rendición de cuentas. "Es fundamental que los responsables de la administración local cuenten con herramientas adecuadas para garantizar la transparencia en la gestión", señaló Suárez.
Consultado sobre su gestión anterior como Defensor del Pueblo, el funcionario recordó los desafíos enfrentados, entre ellos, la lucha por la contaminación del embalse de Río Hondo. "A pesar de las intervenciones de la Corte Suprema, los ingenios tucumanos aún no han implementado soluciones definitivas para tratar los desechos contaminantes como la vinaza y la ceniza", advirtió.
Por su parte, mencionó su trabajo en defensa de los ahorristas de planes de autoahorro, cuya acción judicial sigue en curso. "Lamentablemente, el proceso se ha dilatado, pero seguimos impulsando medidas para proteger a los afectados".
Durante la entrevista, Suárez se refirió a las décadas de lucha contra la contaminación de la cuenca del embalse de Río Hondo, denunciando que los costos ambientales son absorbidos casi exclusivamente por la provincia de Santiago del Estero. "El daño sobre la fauna ictícola lo paga el Estado provincial de Santiago del Estero. La colmatación del embalse la paga el pueblo santiagueño. Si hay algún intoxicado porque comió un pez en mal estado, lo cubre la salud pública de la provincia", denunció.
El exdefensor del Pueblo también cuestionó las recientes declaraciones del presidente de la Nación, quien sostuvo que 'cualquier señor es dueño de contaminar el agua o el río que quiera'. Sobre este punto, Suárez expresó su preocupación ante un discurso que desconoce la legislación ambiental vigente en el país y que, según él, podría traducirse en una menor fiscalización de las industrias contaminantes.
El monitoreo permanente y los desafíos pendientes
Suárez se refirió también al programa de monitoreo permanente y alerta temprana, a través del cual se inspeccionan los ingenios tucumanos que vierten efluentes en la cuenca. "Hasta el mes de abril, las condiciones del embalse son óptimas, pero esto cambiará con el inicio de la zafra en mayo. Es allí cuando se podrá determinar si hubo avances en la reducción de la contaminación", advirtió.
Sin embargo, alertó sobre un problema específico: la temperatura de los efluentes. "Un ingenio en particular descarga agua industrial a 45 grados, lo que, combinado con productos azucarados, genera un escenario crítico al secuestrar el oxígeno del agua y afectar gravemente el ecosistema", explicó.
Suárez destacó que, si bien se lograron avances en la regulación de residuos como la vinaza y las cenizas, aún falta avanzar en la regulación de otros afluentes industriales. "El saneamiento ambiental solo será posible si se actúa desde el origen del problema, aplicando medidas efectivas que obliguen a la industria a hacerse cargo de su impacto".
"Muchos creen que los derechos humanos solo se deben recordar en efemérides, pero también es una cuestión de acceso cotidiano a los servicios esenciales"
Otro de los temas abordados fue el impacto de las políticas nacionales en materia de tarifas, programas sociales y derechos adquiridos. En ese sentido, Suárez recordó el papel clave de las defensorías del pueblo en la lucha contra aumentos tarifarios injustificados y recortes en servicios esenciales. "Desde 2017, las defensorías han promovido audiencias públicas para evitar que los aumentos se implementen sin consulta previa", subrayó.
Asimismo, el exdefensor del Pueblo hizo hincapié en la problemática de las pensiones no contributivas y el acceso a derechos para personas con discapacidad. Recordó que, en su momento, se logró suspender la exigencia de un reempadronamiento digital que dejaba fuera del sistema a quienes no tenían acceso a la tecnología. "Muchos creen que los derechos humanos solo se deben recordar en efemérides, pero también es una cuestión de acceso cotidiano a los servicios esenciales", enfatizó.
Sobre su trayectoria en la Defensoría del Pueblo, Suárez expresó su gratitud al equipo con el que trabajó durante 17 años y aseguró que su nuevo rol en el Tribunal de Cuentas tiene como eje la capacitación técnica para garantizar mayor transparencia en la gestión municipal. "El desafío ahora es acompañar a los municipios para qué las obras, servicios y bienes contratados sean lo más transparentes posible", concluyó.
