El Gobierno nacional decidió finalmente no avanzar con la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, y trabaja en una serie de propuestas alternativas con el objetivo de mantener el déficit cero de cara al Presupuesto 2026, una de las prioridades centrales del presidente Javier Milei.
La definición llegó un día después de que el Ejecutivo insistiera públicamente en la necesidad de aprobar un presupuesto sin desequilibrios fiscales. Aunque en un primer momento la mesa chica que rodea al Presidente había evaluado volver a impulsar las derogaciones, la estrategia fue modificada y los equipos técnicos presentarán una contrapropuesta a la denominada “Ley de Leyes”, que este mediodía obtuvo dictamen en la Cámara de Senadores.
“Es una propuesta que no deroga las leyes, representa un esfuerzo económico enorme del Poder Ejecutivo y sostiene el equilibrio fiscal”, sintetizó un funcionario de alto rango en diálogo con este medio.
Según trascendió, en relación con la ley que declara la emergencia en discapacidad —que será respetada—, el Gobierno propondrá que la pensión no contributiva tenga un valor equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones conforme al marco jurídico vigente en materia previsional. Además, la pensión será compatible con un empleo formal siempre que los ingresos del beneficiario no superen el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles, que desde el 1° de diciembre se ubican en $334.800.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es el mantenimiento de la compensación de emergencia retroactiva, cuya actualización se calculará en base a los aranceles aprobados entre el 1° de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2024, junto con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Desde el Ejecutivo precisaron que la autoridad de aplicación establecerá un procedimiento específico para el reconocimiento de las prestaciones a cada prestador alcanzado. En ese marco, el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) definirán de manera trimestral el mecanismo de ajuste, en forma conjunta y a propuesta del directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. En caso de no arribar a un acuerdo, se tomará como referencia el IPC.
La iniciativa oficial también contempla modificaciones en el artículo referido a las auditorías de las pensiones, con el objetivo de acelerar y profundizar el proceso de revisión y dar de baja aquellas que presenten irregularidades.
Por último, el Gobierno propondrá eliminar la creación de la Pensión no Contributiva por Discapacidad para Protección Social y mantener únicamente la pensión por invalidez laboral. “De este modo se eliminan los nuevos requisitos que ampliaban de forma desproporcional la gama de posibles beneficiarios de esta nueva pensión”, explicó una fuente con conocimiento del armado de la propuesta.
Con estos cambios, el Ejecutivo busca avanzar en la aprobación del Presupuesto 2026 sin resignar el equilibrio fiscal, al tiempo que intenta destrabar el debate legislativo en torno a dos leyes sensibles desde el punto de vista social y político.
