Mientras el calendario legislativo permanece en pausa por el receso de verano, el Gobierno comenzó a mover fichas para avanzar con uno de los debates más sensibles de su agenda: la reforma laboral. Con el tratamiento del proyecto postergado para el 10 de febrero, Patricia Bullrich y Diego Santilli activaron una estrategia paralela para reconstruir consensos con los gobernadores y llegar al recinto con los acuerdos lo más cerrados posible.
Este miércoles, Santilli dio inicio a su gira nacional, que se extenderá durante enero por al menos diez provincias. El primer destino fue Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Además de las negociaciones políticas, parte de la agenda se centró en la situación generada por los incendios forestales en localidades como Epuyén y El Hoyo, donde ambos funcionarios recorrieron las zonas afectadas y compartieron imágenes en redes sociales vinculadas a la emergencia.
El objetivo del oficialismo es claro: asegurar los votos necesarios para aprobar la reforma laboral en el Senado. Aunque el dictamen del proyecto ya está firmado, desde el propio bloque oficialista admiten que el texto aún puede sufrir modificaciones. Bullrich, presidenta de la Comisión de Trabajo y jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, señaló que se escucharán propuestas para acercar posiciones y ampliar la base de apoyos.
Según el plan oficial, a partir de mediados de enero comenzarán encuentros para revisar el articulado y negociar con gobernadores y bloques provinciales. Para habilitar la sesión, Bullrich necesita reunir al menos 37 adhesiones, un desafío que requiere consolidar relaciones con aliados y dialoguistas.
En noviembre, Santilli ya había recorrido varias provincias para sumar apoyos al Presupuesto 2026, finalmente sancionado con el acompañamiento de mandatarios provinciales. En el Senado, La Libertad Avanza cuenta con 20 bancas propias, a las que se sumarían tres del PRO. El oficialismo también buscará el respaldo de radicales y bloques provinciales, mientras que el peronismo ya expresó su rechazo al proyecto, con movilizaciones convocadas por la CGT en diciembre.
Tras la aprobación del Presupuesto, se profundizaron las tensiones internas dentro del peronismo, con diferencias entre el bloque Justicialista y los senadores de Convicción Federal. En esa votación, tres de sus cinco integrantes —Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy)— acompañaron al oficialismo, generando cruces con senadores camporistas como Anabel Fernández Sagasti.
De este modo, mientras el oficialismo negocia con quienes ya dieron señales de apoyo, el peronismo busca contener fugas y mantener una posición unificada frente a la reforma laboral, que promete volver a tensionar el clima político cuando el Congreso retome la actividad en febrero.