En una entrevista con Nuevo Diario, la Prof. Daniela Águila, Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Santiago del Estero, expresó su profunda preocupación ante el anuncio de la Nación sobre un posible recorte de pensiones por invalidez laboral. El gobierno nacional ha manifestado su intención de revisar más de 400.000 pensiones, argumentando que cerca del 30% de estas fueron otorgadas de manera irregular. Este proceso de auditoría comenzará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires, pero, según Águila, es muy probable que continúe en otras provincias, lo que genera incertidumbre y mucha angustia entre las personas con discapacidad en todo el país.
El anuncio por parte de Nación se enfoca en la revisión de más de 400 mil pensiones por invalidez laboral, principalmente en las provincias de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Águila destacó que, aunque la auditoría comenzará en estas jurisdicciones, es probable que eventualmente se extienda a todo el país. “Es un llamado de atención, sobre todo por lo que esto implica, que es la quita de derechos, porque la pensión no es un beneficio, sino un derecho que le brinda a la persona además de un ingreso mínimo económico, le brinda principalmente una cobertura de salud, y este último punto es el más preocupante”, señaló, subrayando que de estas primeras 400.000 auditorías la Nación estima podrían alcanzar a dar de baja este derecho a unas 120.000 personas, alrededor del 30% de las pensiones revisadas.
La funcionaria con décadas de experiencia calificó la medida como un "avasallamiento de los derechos humanos", particularmente para aquellos que ya atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Según Águila, detrás de cada pensión hay una persona que depende de ella no solo para su sustento diario, sino también para acceder a tratamientos médicos y medicamentos esenciales. Denunció que los recortes son una forma de ajuste económico a costa de las personas más vulnerables: “Están haciendo el ajuste con las personas más vulnerables, en los más vulnerables de los vulnerables”.
El argumento principal del gobierno nacional para justificar la auditoría radica en la presunta existencia de un alto porcentaje de pensiones que habrían sido otorgadas de manera irregular. De acuerdo con las autoridades, cerca del 30% de las pensiones podrían ser fraudulentas o "truchas". Sin embargo, Águila cuestionó la validez de estas afirmaciones y ofreció una visión alternativa, respaldada por estadísticas.
En Argentina y a nivel mundial, el entre el 10 y 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad, si tomamos solo el 10% representaría aproximadamente a 4.600.000 personas con discapacidad de los 46 millones de habitantes del país. De ese total, solo 1.200.000 de esta población vulnerable tienen acceso a una pensión. Para Águila, este número no es desmesurado, como lo plantea el gobierno, sino que está en línea con las estadísticas globales sobre discapacidad. “Hablar de que hoy tenemos en Argentina 1.200.000 pensiones, aproximadamente, no es un número descabellado como ellos lo plantean”, afirmó.
Además, la Secretaria cuestionó los resultados preliminares de la auditoría realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad. Según esta auditoría, el 93% de las pensiones revisadas en todo el país serían irregulares. “Eso es una barbaridad”, criticó Águila, argumentando que el proceso para obtener una pensión es sumamente riguroso y está respaldado por auditorías médicas y legales que realiza y realizó siempre el mismo gobierno nacional. “El que ha gestionado alguna vez una pensión por invalidez lo sabe, que incluso hasta años llevan a acceder a ese derecho”, añadió.
Impacto en la comunidad
La medida ha generado preocupación no solo en las personas afectadas, sino también en organismos y asociaciones que trabajan en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. La posibilidad de que miles de personas pierdan su pensión, sin un proceso claro y transparente, ha encendido las alarmas entre quienes temen que este sea solo el primer paso hacia un recorte más amplio de beneficios sociales.
Desde el Consejo Federal de Discapacidad, del cual Águila forma parte, ya han comenzado a tomar acciones para hacer frente a esta situación. Entre las medidas propuestas, se destaca la solicitud de que cualquier irregularidad detectada sea debidamente notificada a la persona afectada, brindándole la posibilidad de defenderse. Además, se ha insistido en que cualquier recorte debe estar fundamentado en pruebas concretas y no en presunciones.
“Nosotros no podemos creer que vengan a plantear que el 93% de las pensiones son truchas”, reiteró Águila, enfatizando que la lucha por los derechos de las personas con discapacidad no puede ser objeto de recortes arbitrarios. “Es una falta de respeto para quien tiene el derecho de tener una pensión por situación de discapacidad o de invalidez laboral y que además se encuentran en una situación de vulnerabilidad”, concluyó.
Un desafío de largo alcance
El debate sobre las pensiones por invalidez no es nuevo en Argentina. A lo largo de los años, diversos gobiernos han intentado revisar o modificar el sistema de otorgamiento de pensiones, bajo la premisa de eliminar irregularidades y mejorar la asignación de recursos. Sin embargo, esta última medida ha sido recibida con particular indignación, dada la difícil situación económica que enfrenta el país y la vulnerabilidad de las personas afectadas.
Con la auditoría recién comenzando y la posibilidad de que se extienda a otras provincias, la discusión sobre las pensiones promete intensificarse en los próximos meses. Mientras tanto, organizaciones como el Consejo Federal de Discapacidad y el Consejo Provincial de Discapacidad continuarán presionando para que se respeten los derechos de las personas con discapacidad y para que cualquier medida de auditoría se implemente de manera justa y equitativa.
