Daniel Arroyo, diputado nacional, se refirió ayer –en diálogo con Nuevo Diario– a la aplicación por decisión judicial de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N. de R.: Arroyo fue el autor del proyecto).
"Es una buena noticia, después de tanto ir y venir, después de tanto sufrimiento y desesperación de las familias. Las personas con discapacidad no están accediendo a los medicamentos, a los traslados, a la atención básica", comenzó.
Desde el Gobierno de la Nación reglamentaron ayer la Ley de Emergencia en Discapacidad, a través de un decreto en el que establecieron los procedimientos para crear un nuevo régimen de pensiones no contributivas.
"Ya no existe excusa. Ya no hay nada más para debatir. ¡Ya es ley, ya está reglamentada! También están los plazos y los mecanismos para que los pongan en marcha", celebró.
Vale mencionar que desde la Justicia ordenaron su implementación (había sido en julio de 2025 aprobada, en el Congreso).
"Es un avance, en un contexto en el que colapsó la atención. La ley se pone en marcha automáticamente: tienen que mejorar las prestaciones y los servicios básicos. El Gobierno hizo lo posible para no implementarla. Dimos un paso grande", finalizó.
"Abre una luz de esperanza en medio de tanta angustia que toca a los más vulnerables"
Patricia Zírpolo, presidenta de Santiago Azul Tea, manifestó ayer: "Es una excelente noticia que se haya reglamentado la Ley de Emergencia en Discapacidad, después de tanta lucha, en especial de las familias".
"Esperamos que se normalice todo y que no cierren los centros (educativos y terapéuticos) que están colapsados", advirtió.
Sin embargo, según Zírpolo "cambiará, en el nombre de Dios, todo para bien" en cuanto a "pensiones bien organizadas, auditorías bien hechas, medicaciones, prestaciones y aranceles".
"Se abre una luz de esperanza en medio de tanta angustia, que siempre le toca a los más vulnerables. La situación es preocupante para muchas familias. Las obras sociales ponen más trabas de lo acostumbrado. Aún queda muchísimo por hacer, pero se abre una luz de esperanza en medio de tanto vacío", concluyó.
"No es un gesto de voluntad política, sino una obligación que el Estado cumplió tarde"
Paola Mazo, presidenta de TDA-H y Neurodiversidad Santiago del Estero, entendió ayer que la reglamentación "no es un gesto de voluntad política, sino una obligación que el Estado cumplió tarde y forzado por la Justicia".
"Es resultado de años de lucha de las familias y de las personas con discapacidad. Es un paso necesario, pero no es para festejar si no se traduce mañana mismo en presupuesto y soluciones reales", señaló.
Según Mazo, "las familias seguimos hoy con la misma incertidumbre: los papeles no curan ni asisten si no hay fondos".
"La discapacidad no puede ser una variable de ajuste administrativo. Vamos a exigir que esta decisión se convierta en políticas concretas, porque nuestros derechos no tienen tiempo para seguir esperando los plazos de la burocracia", apuntó.
"La reglamentación cumple el trámite, pero desatiende la emergencia"
Camila Toledo, licenciada en fonoaudiología, observó ayer que la reglamentación "cumple el trámite, pero desatiende la emergencia".
"En lugar de garantizar derechos, propone procedimientos administrativos y criterios de funcionamiento. No establece un financiamiento estable que asegure la continuidad del sistema solidario, ni mecanismos reales de recomposición", destacó.
De acuerdo con Toledo, "lejos de responder a la urgencia que motivó la ley, la reglamentación vacía su sentido: formaliza procesos, pero no resuelve el problema".
"Hoy estamos lejos de atender la verdadera emergencia y peligrosamente cerca de convertirnos en espectadores de un quiebre sin retorno", alertó.
¿Cuáles son los puntos claves para garantizar los derechos "esenciales"?
La ley tiene como objetivo garantizar, hasta el 31 de diciembre de 2026 (con posibilidad de prorrogar por un año más), "los derechos esenciales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social".
Asimismo, propone "fortalecer a los prestadores fundamentales del sistema y promover el cumplimiento real del cupo laboral, con incentivos a las empresas que generen empleo inclusivo".
Entre las principales problemáticas se destacan: atrasos en los pagos a prestadores, falta de actualización de aranceles, barreras en el acceso a tratamientos y medicamentos y aplicación de normativas regresivas.
La reglamentación quedó plasmada en el Decreto 84/2026, que puso en funcionamiento la Ley 27.793, sancionada por el Congreso en julio de 2025, pero sin aplicación efectiva hasta ahora.
