La directora de Adultos Mayores de la provincia, Lucía Witte, se pronunció con firmeza sobre el conflicto que mantiene paralizada la atención de los médicos de cabecera de PAMI. En un análisis centrado en las consecuencias sociales del ajuste presupuestario, la funcionaria consideró que la medida de fuerza de los profesionales es una consecuencia directa de las políticas nacionales. Según su visión, el deterioro de las condiciones de prestación ha llegado a un límite que pone en jaque la cobertura básica de salud de miles de santiagueños.
"Es una medida lógica, ya se veía venir", afirmó Witte al referirse al paro médico que afecta la entrega de recetas y las consultas de seguimiento. Para la directora, la situación no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia deliberada de achicamiento estatal. En sus declaraciones, subrayó que "por un lado o por otro se busca el recorte desde el Gobierno nacional", lo que evidencia una falta de sensibilidad ante las necesidades urgentes de la población de mayor edad.
La funcionaria calificó la coyuntura como "preocupante", haciendo hincapié en la deshumanización del sistema de salud actual. Sostuvo con contundencia que "el adulto mayor no es un trámite", advirtiendo que la falta de atención médica continua representa "una condena a perder la autonomía como persona". Este concepto de autonomía es central en las políticas de vejez, ya que la falta de medicamentos o controles preventivos acelera el deterioro físico y cognitivo de los afiliados.
Además de la crisis humanitaria, Witte señaló el impacto económico y operativo que este conflicto genera en la estructura local. Aseguró que el retiro del Estado nacional en sus obligaciones con PAMI "implica una cruz muy grande para los gobiernos provinciales". Al no encontrar respuestas en el organismo nacional, los jubilados se ven obligados a recurrir al sistema de salud pública de la provincia, lo que genera una saturación de los hospitales y centros de atención primaria locales.
El rol de los médicos de cabecera es fundamental como primer eslabón del sistema, y su ausencia deja a los adultos mayores en un estado de desprotección jurídica y sanitaria. Witte destacó que la autonomía de los mayores depende directamente de una red de contención que hoy se encuentra resquebrajada. La incertidumbre sobre la continuidad de los tratamientos crónicos es, según la funcionaria, uno de los puntos más críticos de la actual gestión del instituto a nivel federal.
Finalmente, desde la Dirección de Adultos Mayores se reafirmó el compromiso de acompañar a los damnificados y de visibilizar la gravedad de la situación ante las autoridades correspondientes. Witte concluyó instando a una resolución urgente del conflicto, recordando que la salud es un derecho inalienable y que el tiempo en la vida de un adulto mayor tiene un valor que no puede ser ignorado por las planillas de ajuste económico del gobierno central.
