La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Capital de Santiago del Estero emitió la firme Resolución N° 10425/2026. A través de este dictamen, el organismo formalizó su más enérgico rechazo a las medidas del Gobierno nacional que buscan recortar los subsidios energéticos del régimen de "Zona Fría", sin garantizar de forma paralela un mecanismo compensatorio para las provincias del NOA y NEA.
Según indicaron desde la entidad local, el acceso a la energía es un derecho humano indispensable para garantizar condiciones mínimas de salud y dignidad. Por este motivo, se solicitó de manera urgente a las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Nación el tratamiento de un régimen especial de compensación para "Zonas Cálidas". La propuesta exige una categoría tarifaria diferencial que amplíe los bloques subsidiados y brinde protección directa a jubilados, pensionados, personas con discapacidad y electrodependientes.
El calor extremo como necesidad fisiológica
La realidad santiagueña y de todo el Norte argentino expone cifras alarmantes. Las temperaturas en la región superan habitualmente los 38°C, con sensaciones térmicas que castigan a la población por encima de los 45°C. Frente a este rigor climático, la electricidad deja de ser un elemento de confort para convertirse en una urgencia sanitaria y fisiológica, fundamental para mantener encendidos ventiladores, heladeras, bombas de agua y evitar severos golpes de calor en niños y adultos mayores.
El documento evidencia que el esquema centralista ignora las verdaderas necesidades estructurales de las familias humildes. Un hogar tipo de cuatro personas en un barrio popular santiagueño, utilizando únicamente electrodomésticos básicos y padeciendo techos de chapa sin aislación térmica, registra un consumo forzado que oscila entre los 500 y los 850 KWh mensuales. Estos costos abrumadores configuran un grave cuadro de "pobreza energética", obligando a miles de vecinos a destinar al pago de la luz un dinero que supera ampliamente los porcentajes de la canasta básica alimentaria.
Privilegios en la mira
Tal es así que la Defensoría pone el foco sobre la profunda e indignante contradicción distributiva. El dictamen manifiesta una fuerte preocupación institucional al constatar que, mientras se aplican recortes sobre los usuarios residenciales más vulnerables, el Poder Ejecutivo contempla jugosos mecanismos de compensación económica para grandes firmas distribuidoras del centro del país, tales como Edenor y Edesur.
Finalmente, se ordenó remitir copias del documento a las presidencias de ambas cámaras legislativas, a comisiones estratégicas y a todas las defensorías del NOA y NEA, con el firme objetivo de unificar un frente que defienda los derechos y la equidad federal de los habitantes del norte.
