El abogado penalista y especialista en criminología, doctor Javier Leiva, expresó su profunda preocupación por la creciente ola de amenazas, intimidaciones y mensajes violentos en establecimientos educativos, un fenómeno que, según afirmó, ha generado una verdadera “psicosis colectiva” en la sociedad.
Durante su participación en el programa Actualidad Política de Radio LV11, Leiva remarcó que este tipo de acciones exceden cualquier concepto de broma juvenil y pueden encuadrarse en figuras penales concretas como amenazas, intimidación pública, apología del delito e incluso instigación a cometer delitos.
“El Código Penal no sanciona chistes ni bromas, sanciona consecuencias. Esto no puede tomarse como una travesura porque genera miedo social, afecta psicológicamente a estudiantes, padres y docentes, y altera profundamente la vida institucional”, sostuvo.
El especialista explicó que, al tratarse en muchos casos de menores de edad, interviene la Justicia Penal Juvenil, donde las sanciones son diferenciadas, aunque advirtió que las consecuencias igualmente pueden ser severas.
Leiva también señaló que si bien los padres tienen una responsabilidad ética y social en la educación de sus hijos, no necesariamente poseen responsabilidad penal directa por los actos cometidos por menores, salvo excepciones administrativas o civiles.
Asimismo, cuestionó reacciones desmedidas dentro de algunas instituciones, como revisaciones indebidas o invasión a la privacidad de estudiantes, subrayando que el camino correcto siempre debe ser la denuncia formal ante el Ministerio Público Fiscal.
“El miedo colectivo llevó incluso a que algunos padres dejaran de enviar a sus hijos a clases. Esto demuestra la gravedad del impacto. La solución debe incluir prevención, contención psicológica, intervención judicial adecuada y responsabilidad institucional”, afirmó.
Sobre el debate en torno a la baja de la edad de imputabilidad, Leiva consideró que se trata de una discusión compleja que requiere una reforma integral y no solo respuestas punitivas.
Finalmente, insistió en que la problemática juvenil actual demanda preparación específica por parte de abogados, psicólogos, criminólogos y operadores judiciales para abordar nuevas conductas delictivas en adolescentes.
“La sociedad está frente a nuevas formas de violencia que deben ser comprendidas y tratadas con seriedad, no minimizadas”, concluyó.
