La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero, encabezada por el defensor Luis Ger, manifestó su "más profunda preocupación y enérgico rechazo" frente al incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793).
A través de un contundente comunicado institucional, el organismo local advirtió que la falta de implementación total de esta norma, la cual ya fue ratificada por el Congreso de la Nación, deja en una situación de "vulnerabilidad extrema" a miles de personas en todo el territorio.
En este sentido, la Defensoría denunció un grave escenario en el sector, caracterizado por la demora en los pagos a los prestadores de salud, el desfinanciamiento del sistema, la incertidumbre generada en torno al cobro de las pensiones y la promoción de nuevas iniciativas que restringen derechos ya adquiridos. El documento oficial remarca de manera categórica que estas falencias no responden a un "error administrativo", sino que representan una clara "decisión política".
Asimismo, las autoridades locales alertaron sobre el impulso de proyectos a nivel nacional que pretenden endurecer los requisitos y redefinir el alcance de la discapacidad bajo "criterios restrictivos". Desde la entidad capitalina consideraron esta situación como una violación al Estado de Derecho y a los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina.
Reclamo y medidas
Bajo la estricta premisa de que "la discapacidad no es una variable de ajuste" ni "un gasto" , sino una "responsabilidad indelegable del Estado" , el organismo exigió la inmediata y plena implementación de la Ley 27.793. Al mismo tiempo, demandaron la regularización urgente de los pagos, la garantía de las pensiones y el cese de toda iniciativa regresiva.
Finalmente, desde la Defensoría del Pueblo anticiparon que continuarán utilizando todas las herramientas institucionales y legales disponibles para garantizar que los derechos de las personas con discapacidad no sean vulnerados ni negociados bajo ninguna circunstancia.
