La Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, encabezada por el Dr. Daniel Escobar Correa, tomó intervención formal ante la paralización de la obra de la Planta de Tratamiento y Red Cloacal de Añatuya, considerada una infraestructura esencial para la salud pública, el saneamiento ambiental y el desarrollo urbano de la ciudad.
Según informó el organismo, la suspensión de los trabajos responde a serios incumplimientos en el pago de certificados de obra por parte del Gobierno Nacional, en el marco del financiamiento otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La obra, iniciada en junio de 2022, contempla la construcción de 147 kilómetros de red cloacal, colectoras, estaciones de bombeo y una planta de tratamiento, con un avance estimado del 40% hasta la fecha.
Sin embargo, la continuidad del proyecto quedó severamente afectada debido a una deuda que rondaría los 1.000 millones de pesos, lo que llevó a la UTE Esuco-Supercemento a frenar los trabajos por falta de recursos financieros.
De acuerdo con los datos relevados, existirían certificados impagos desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026, mientras que el último pago habría correspondido a noviembre de 2025, abonado con varios meses de demora.
La Defensoría remarcó que esta situación no solo compromete una obra estratégica para el saneamiento urbano, sino que además pone en riesgo más de 100 puestos de trabajo, tras la suspensión inicial de operarios nucleados en la UOCRA.
Desde el organismo provincial señalaron que la paralización genera consecuencias sanitarias críticas para Añatuya, una ciudad históricamente afectada por problemas vinculados a napas freáticas superficiales, lo que incrementa el riesgo de contaminación ambiental y enfermedades asociadas.
Asimismo, advirtieron que el abandono o retraso prolongado de una infraestructura de esta magnitud podría ocasionar mayores costos, deterioro de lo ya ejecutado y nuevas demoras que afectarían aún más a la comunidad.
Frente a este escenario, la Defensoría anunció el envío de pedidos formales de informes a organismos nacionales responsables, así como al BID, para determinar si los fondos comprometidos fueron efectivamente transferidos, cuál fue su destino y cuáles son las razones concretas detrás de la paralización.
El organismo sostuvo que la situación representa una problemática de extrema gravedad institucional, política y social, al considerar que se encuentran en juego derechos fundamentales como el acceso a servicios básicos, la salud pública, el ambiente sano y la preservación del empleo.
Mientras tanto, vecinos de Añatuya permanecen a la espera de respuestas y soluciones concretas que permitan reactivar una obra considerada indispensable para mejorar su calidad de vida.
