La política nacional de pensiones no contributivas (PNC) para personas con discapacidad vivió durante 2024 y lo que va del año que termina uno de los mayores procesos de recorte y litigio judicial desde su creación. En nuestra provincia, Santiago del Estero, donde más de 83.000 personas dependen de estos beneficios, el impacto fue inmediato: miles de familias dejaron de cobrar sus pensiones durante meses, perdieron cobertura de salud y vieron interrumpidos tratamientos esenciales. Por estos días, tras fallos judiciales y mucha presión social por el escándalo que golpeó la línea de flotación del gobierno de Milei por supuestas coimas en la ANDIS, la restitución comenzó a concretarse, aunque todavía de manera irregular.
En Santiago del Estero, a partir del 10 del corriente mes, solo el 9 por ciento de los beneficiarios que sufrieron la suspensión de sus pensiones recuperarán el beneficio.
Un universo clave: 83.816 beneficiarios en la provincia
Según el último Boletín Estadístico de la Seguridad Social previo a los recortes, Santiago del Estero tenía 83.816 titulares de pensiones no contributivas, entre invalidez, vejez, madres de 7 hijos y pensiones graciables.
Las pensiones por discapacidad representan el núcleo central: la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) envió este año más de 76.000 cartas documento a santiagueños que figuraban como titulares de PNC por invalidez laboral. Es decir, casi la totalidad del universo provincial de personas con discapacidad bajo asistencia nacional.
Durante este año, una pensión por invalidez se ubicó entre $233.000 y $238.000 mensuales, a lo que se sumaron en varios meses bonos extraordinarios de $70.000.
En ese contexto, la suspensión de 20.000 pensiones en la provincia implicó:
● $4.663 millones menos por mes si se considera únicamente el haber base.
● Más de $6.000 millones mensuales si se incluye el bono extraordinario.
La pérdida tuvo un efecto directo sobre la economía de hogares donde las PNC son, en la mayoría de los casos, el único ingreso estable y el único acceso al sistema de salud mediante el programa Incluir Salud, cuya cobertura también queda suspendida cuando se interrumpe la pensión.
Tratamientos interrumpidos y los muertos "en una nebulosa"
Organizaciones de derechos humanos, como ACIJ, documentaron un aumento de casos de personas que vieron interrumpidos tratamientos oncológicos, farmacológicos y de rehabilitación por la suspensión repentina de sus pensiones y de la cobertura asociada.
Si bien el gobierno nacional informó 6.643 fallecimientos de titulares de PNC en el período de auditorías, esa cifra corresponde a la mortalidad general del padrón y no puede atribuirse directamente al recorte. Hasta el momento no existe un estudio epidemiológico oficial que permita cuantificar cuántas personas murieron específicamente por falta de tratamientos luego de la suspensión de sus prestaciones.
Sin embargo, especialistas advierten que la interrupción de medicación crónica y tratamientos de alta complejidad incrementa de manera crítica el riesgo de mortalidad en una población que ya presenta condiciones de salud vulnerables.
El freno judicial: fallos a favor de los beneficiarios
Ante el crecimiento de reclamos, la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero presentó acciones colectivas que derivaron en un fallo clave del Juzgado Federal Nº1 de la provincia, el 29 de septiembre de este año.
La sentencia ordenó:
● Restituir inmediatamente todas las pensiones por invalidez suspendidas en el territorio provincial.
● Pagar retroactivamente los haberes no percibidos y los bonos acumulados.
● Abstenerse de nuevas suspensiones mientras dure el proceso.
Pocos días después, un juez federal de Catamarca extendió la medida a todo el país, obligando al Estado a restablecer más de 119.000 pensiones que habían sido dadas de baja o suspendidas durante la auditoría.
Reacción local: Gobierno provincial y Defensoría celebran la restitución
Tanto el gobierno de la Provincia como la Defensoría del Pueblo de la Provincia calificaron los fallos como un avance histórico en defensa de los derechos de personas con discapacidad.
El gobernador Gerardo Zamora felicitó públicamente a la Defensoría por su “actuación decisiva” que permitió que miles de familias recuperaran ingresos esenciales y la cobertura de salud que habían perdido durante meses. La institución provincial destacó que el recorte había afectado de manera “arbitraria y desproporcionada” a los sectores más vulnerables.
A esta altura de diciembre, ANDIS y ANSES informaron que estaban acatando los fallos y restableciendo el pago de las pensiones a nivel nacional. Sin embargo:
● Persisten demoras administrativas en la liquidación de los retroactivos.
● Hay beneficiarios que todavía no ven acreditado el pago, pese a la orden judicial.
Consultado por el Multimedio, el jefe de la Anses local, Ítalo Cioccolani, informó que a partir del 10 de diciembre comenzará la liquidación de las pensiones suspendidas a 1.800 personas que hicieron el trámite: "Nosotros hemos recibido el listado de unos 1800 beneficiarios santiagueños que recuperarían el derecho y cobrarían el retroactivo desde el momento en que se les suspendió", indicó en entrevista telefónica. "La prioridad es para todas aquellas personas que fueron a las auditorías y para todos aquellos que no fueron, pero presentaron los papeles por el Anses. Hay gente que no pudo justificar su discapacidad porque los "médicos no les dieron el visto bueno y quedaron fuera del sistema". "También aquellos que no presentaron ningún tipo de prueba respecto de su incapacidad laboral", agregó.
"Les recomendamos, porque las auditorías van a continuar, que aquellos que no lo tienen procedan a sacar el CUD (Certificado Único de Discapacidad) porque esa fue la inconsistencia. Recomendamos que vayan al Centro de Discapacidad en Av. Belgrano Sur; hoy están dando turnos para marzo. Tienen tiempo hasta de un año a partir del plazo de la suspensión".
El contexto político e institucional: La denuncia por coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad
El caso ANDIS gira en torno a un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos, investigado a partir de audios atribuidos al entonces director Diego Spagnuolo, en los que se menciona como beneficiaria indirecta a Karina Milei, lo que desencadenó una crisis política, allanamientos, peritajes y un proceso judicial aún abierto.
Según esos audios, parte de las coimas —un supuesto “porcentaje” del contrato— iría a Karina Milei y colaboradores cercanos.
A finales de ese mes, el gobierno desplazó a Spagnuolo de su cargo en ANDIS. Se inician allanamientos, secuestro de documentos, celulares y dinero en efectivo (según registros judiciales), en el marco de la causa judicial que investiga el presunto esquema de sobornos.
El mes pasado, el presidente Javier Milei declaró públicamente que tiene “absoluta tranquilidad” respecto de las acusaciones y apuesta a que “la verdad saldrá a la luz”.
Un peritaje sobre los audios reconoce que en algunos fragmentos hay indicios de manipulación —lo que introduce dudas sobre su validez plena—, aunque no descarta que existan partes comprometedoras.
El final aún está abierto en estrados de la Justicia.
