La enorme estatua de San La Muerte instalada en La Banda quedó en el centro de una fuerte controversia luego de que la abogada Romina Martínez Hunko confirmara que busca avanzar judicialmente para lograr su remoción.
En diálogo exclusivo con Radio LV11, la letrada sostuvo que la estructura “afecta derechos colectivos” y cuestionó tanto el impacto visual como las condiciones legales y edilicias de la construcción.
“Aquí no estamos hablando de una figura de uno o dos metros dentro de una casa. Estamos hablando de una estructura de 13 metros que toda la comunidad va a ver”, expresó.
La abogada aclaró que no busca limitar la libertad de culto, pero consideró que el propietario del predio “hace un uso abusivo de su derecho” al imponer una figura religiosa de gran magnitud en un espacio visible para todos los vecinos.
“Usted puede rezarle al dios que quiera, pero no puede hacer parte a toda la comunidad de eso”, manifestó.
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Durante la entrevista, Martínez Hunko también vinculó determinadas creencias populares con causas penales y delitos graves.
Incluso mencionó el caso del crimen de Marito Salto para ejemplificar situaciones que, según dijo, estuvieron relacionadas con rituales y prácticas asociadas a pseudo religiones.
“Vivimos en un Estado de derecho y las normas están para cumplirse”, afirmó.
Además, remarcó que su presentación judicial no solo apunta a la cuestión religiosa, sino también a posibles irregularidades administrativas y de seguridad.
“Primero queremos saber si existen planos, autorizaciones y si el Ministerio de Obras Públicas habilitó una construcción de estas dimensiones”, señaló.
En ese sentido, indicó que cualquier eventual accidente o derrumbe podría derivar en responsabilidades legales.
La letrada también aseguró que recibió apoyo de colegas y distintos sectores de la comunidad tras impulsar las acciones administrativas.
Por otra parte, explicó que la demanda está dirigida contra el propietario del predio y no contra el artesano que realizó la escultura.
“El artesano es un trabajador más. Quien dispuso los medios económicos y la propiedad es el dueño”, sostuvo.
El caso generó un fuerte debate social y religioso en Santiago del Estero, donde las opiniones quedaron divididas entre quienes defienden la libertad de culto y quienes cuestionan la instalación de la gigantesca figura.
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