En una entrevista exclusiva concedida al programa Actualidad Política de Radio LV11, la funcionaria santiagueña se refirió al rechazo de la Cámara baja al intento de eliminar la ley de emergencia en discapacidad y cuestionó con dureza al Gobierno nacional por avanzar sobre derechos que consideró esenciales para los sectores más vulnerables.
Durante la charla radial, Águila celebró el acompañamiento de los legisladores que defendieron la normativa y advirtió que el oficialismo intentó derogar la ley de manera indirecta, incorporándola dentro de un capítulo amplio del proyecto de presupuesto. Según explicó, esa maniobra buscó evitar que quedara expuesta la postura individual de cada diputado en un tema altamente sensible para la sociedad.
La secretaria de Derechos Humanos sostuvo que la situación resulta “indignante”, especialmente porque días antes la Justicia había ordenado al Ejecutivo poner en vigencia la ley de emergencia. En ese marco, cuestionó que luego se insistiera con un proyecto que incluía su eliminación y con nuevas presentaciones judiciales, incluso con la advertencia de un posible veto presupuestario.
Águila también puso en duda los argumentos económicos del Gobierno nacional, que sostienen que la asistencia a la discapacidad implica un gasto del 5% del PBI. “Quienes trabajamos en el área sabemos que la incidencia real ronda entre el 0,5% y el 0,7%”, afirmó, marcando una diferencia que consideró sustancial y difícil de justificar.
En relación al impacto social, la funcionaria explicó que la quita de pensiones no solo afecta los ingresos familiares, sino que provoca la pérdida de cobertura médica, medicamentos, terapias, acompañantes terapéuticos y maestras integradoras. “Para muchas familias lo más grave no es el dinero, sino quedarse sin tratamientos”, remarcó.
Finalmente, señaló que la Provincia viene sosteniendo políticas públicas para asistir a las personas afectadas y alertó sobre la crisis que atraviesan numerosos centros especializados, que podrían cerrar por la falta de actualización de aranceles. En ese contexto, llamó a mantener la discusión en el Congreso y a reforzar la solidaridad social frente a una problemática que, aseguró, “pone en jaque la dignidad de miles de familias argentinas”.
