Marta Lastra, abogada cordobesa, denunció recientemente –ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, provincia de Buenos Aires– el incumplimiento del fallo que obligó al Gobierno nacional a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Lastra, en su escrito, exigió "que se tenga por denunciado el incumplimiento" y, al mismo tiempo, "se reserva la posibilidad de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía de un recurso legal extraordinario".
Camila Toledo, licenciada en fonoaudiología y defensora de los derechos de las personas con discapacidad en Santiago del Estero, dialogó ayer con Nuevo Diario.
"Si hay algo de lo que no cabe duda, es que la emergencia en discapacidad es una de las pocas luchas que cuenta con un amplio consenso social", aseguró Toledo, y agregó: "Desde esa base se legisló, se promulgó y se insistió".
La licenciada recordó que la ley atravesó cinco instancias legislativas; asimismo, "el Congreso y la calle demostraron que esta realidad no se tapa ni se negocia", aunque "el Ejecutivo hace oídos sordos".
Lastra especificó que el accionar del Gobierno nacional "tiende a continuar con el atentado en contra del colectivo de la discapacidad, los prestadores, instituciones y transportistas y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) y federaciones de ONG".
"No resulta imprescindible la tan retardada reglamentación, ya que con ordenar las facilidades impositivas a las instituciones cuya situación financiera fiscal los está llevando al cierre, resulta una acción concreta", subrayó la abogada.
En ese sentido, la fonoaudióloga acusó que "intentaron hacer pasar su derogación desapercibida, escondida en un artículo escueto"; empero, "no lo lograron porque se cayó un capítulo entero".
"Este colectivo, acostumbrado a los obstáculos, pero no a detenerse, reclamó por vía judicial. Y la Justicia nos dio la razón. Hoy hay dos poderes claramente expresados: la ciudadanía y la calle sosteniendo esta causa. Y, sin embargo, el Ejecutivo persiste en su postura, amparándose en la consigna de que 'lo justo no puede ser ineficiente y lo eficiente no puede ser injusto' (NdeR: la cita pertenece al presidente Javier Milei)", apuntó.
Vale mencionar que la ley debe estar en "plena ejecución" el próximo 4 de febrero.
"Que las palabras se vuelvan acción. Que no sean apenas titulares para calmar conciencias en redes. Es cierto que el consenso social y político existe: la calle lo demostró, el Congreso lo reafirmó y la Justicia lo respaldó. La pregunta hoy es otra: ¿Qué valor tiene un derecho si se sanciona, pero no se ejecuta? ¿De qué sirve una ley si se posterga su aplicación bajo argumentos que se podrían debatir con transparencia? Y, sobre todo: ¿Cuánto tiempo más deben esperar quienes ya no pueden esperar? No es solo cuestión de políticas públicas: es cuestión de justicia, dignidad y coherencia institucional", concluyó.
