En un reciente desarrollo legislativo, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a la ley de reiterancia, que busca modificar el Código Penal en su artículo 50 de reincidencia. Según el abogado penalista Dr. Walter Correa, esta reforma tiene como objetivo evitar la reiterancia en delitos contra la propiedad privada, principalmente, y demás delitos. Para así "desbaratar la puerta giratoria" de la Justicia que beneficia con sendas excarcelaciones a los sujetos que violentan la Ley de manera reiterada.
La nueva ley establece que una persona que haya sido condenada por un delito y vuelva a cometer el mismo delito, no podrá ser beneficiada con excarcelación. O que fuera beneficiado con una excarcelación y cometa un nuevo supuesto delito de la misma especie por lo que fue excarcelado no podrá ser excarcelado nuevamente, es decir que la persona permanecerá privada de su libertad hasta el juicio oral, restringiendo hasta los ceses de detención. Sin embargo, Correa destacó que esta reforma plantea varios interrogantes y desafíos en la aplicación de la Justicia. "Esto abre un abanico de disyuntivas, porque imagínense el tema de los delitos de menor cuantía, como los hurtos simples que la pena es ínfima y el bien jurídico protegido es inmensamente menor al costo del proceso judicial", señaló.
La reforma también ha generado debate en la comunidad jurídica, con algunos abogados argumentando que se estaría estableciendo una condena anticipada sin saber si la persona es culpable o no, ya que nuestra Constitución Nacional garantiza el principio de inocencia en su Art. 18 y Argentina a suscrito tratados de derechos humanos, donde la privación de la libertad debe ser aplicada en un marco restrictivo y racional. Además, Correa enfatizó la importancia de analizar cuidadosamente la implementación de esta reforma en el Código Penal y su impacto en la Justicia. "Es un tema que va a requerir una gran discusión y análisis, porque se estaría violando derechos y garantías constitucionales", en caso de no remediar las claras deficiencia del proyecto de ley y la sancionara la cámara de senadores de la nación y luego el ejecutivo la promulga. Cualquier juez de la nación la puede declarar inconstitucional una ley por nuestro sistema de control constitucional difuso. Concluyó.
La provincia de Santiago del Estero también deberá adaptar su Código Procesal Penal a la nueva reforma, lo que requerirá una cuidadosa evaluación de las implicaciones legales. Ya que se deberían cambiar y aggionarse los capítulos de la eximición de prisión, excarcelación ordinaria y extraordinaria. Ya que por mandato constitucional, le corresponde a las provincias, como facultades no delegadas a la nación el dictado de los códigos procesales y de su articulado, acoto el doctor correa.
La comunidad jurídica y los profesionales en derecho seguirán debatiendo y analizando los cambios y sus implicaciones en la justicia. Siendo lo más sensato la conformación de una comisión de notables de nuestra provincia, integrado por jueces, abogados, juristas y legisladores para tener la mejor herramienta para la implementación de la justicia en nuestra provincia.
