La Justicia Federal N° 1 de Santiago del Estero ordenó el lunes pasado al Gobierno nacional restituir pensiones por discapacidad suspendidas en nuestra provincia.
Daniela Águila, secretaria de Derechos Humanos, dialogó el martes pasado con el equipo de Actualidad Política de LV11: "Con gran alegría, hemos recibido una respuesta favorable", expresó.
De acuerdo con el amparo, el Gobierno debe cumplir de forma inmediata.
"Se retrotrae a cuando comenzaron las auditorías y las suspensiones", comentó Águila.
En rigor, fueron recibidas unas 60.000 auditorías. No obstante, según la secretaria, "no tenemos el número exacto de las pensiones dadas de baja".
"Es una información que nunca nos brindaron desde el Gobierno de la Nación. Tenemos amplios listados de distintas localidades de la provincia, los cuales nos iban pasando a través de los municipios y las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), pero creemos que no son completos porque muchos se enteraron de que no tenían depositado el dinero al momento de ir a cobrar. Calculamos que el impacto es importante", estimó la funcionaria.
Por otra parte, la abogada deslizó que el Gobierno "puede apelar, pero mientras tanto, tiene que cumplir".
"Esto pasó en el gobierno de (Mauricio) Macri. En su momento era mucho menor la cantidad; hoy son una locura", recordó la doctora.
Por último, la entrevistada advirtió que "los fondos están".
"Que (el presidente Javier) Milei deje de dar tantas vueltas; las pensiones por discapacidad no son un privilegio: son un piso de dignidad que sostiene la vida cotidiana de miles de personas. Es muy grave vulnerar derechos humanos. La grandeza del Estado se mide en la manera en cómo tratamos a las personas más vulnerables", concluyó.
