Adrián González Charvay, juez federal de Campana, declaró ayer la inconstitucionalidad del veto presidencial a la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La resolución fue dictada en el marco de un amparo presentado por una familia con dos hijos menores con discapacidad.
González Charvay sostuvo en su fallo que el veto vulnera compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de protección de la infancia y de los derechos de las personas con discapacidad.
Nuevo Diario se comunicó con Camila Toledo, licenciada en fonoaudiología y defensora de los derechos de las personas con discapacidad, para conocer su opinión al respecto.
"Remarca que los derechos a la salud, la educación y la rehabilitación deben prevalecer frente a recortes presupuestarios. Este amparo no anula el veto, pero sienta un precedente y un apoyo más para esta lucha", consideró Toledo.
En rigor, la licenciada informó que familiares de personas con discapacidad encabezarán hoy, a partir de las 20, una vigilia en plaza Libertad para pedir que los diputados nacionales rechacen el veto presidencial a la ley que tiene como objetivo garantizar, hasta el 31 de diciembre de 2027, "los derechos esenciales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social; fortalecer a los prestadores fundamentales del sistema; y promover el cumplimiento real del cupo laboral, con incentivos a las empresas que generen empleo inclusivo".
Asimismo, mañana se llevaría a cabo, a las 11, una concentración —también en plaza Libertad—, en la antesala de la sesión de Diputados.
"Esperamos que esta semana culmine todo. Discapacidad, en toda su dimensión, es un área que con urgencia necesitaba ser vista y pensada desde la actualidad. Tenemos una ley madre que data de los '80 y sobre la que se fueron haciendo agregados a lo largo de los años; aunque los paradigmas científicos y socioculturales van modificándose, y esas modificaciones nos ponen en la disyuntiva de rever los marcos legales", señaló la fonoaudióloga.
En ese sentido, según la referente, "cuando se intentó trabajar en una ley madre, la realidad entre el congelamiento del mecanismo del sistema de prestaciones básicas, más los cambios dispuestos desde el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) en salud, dejó explícita la necesidad de hablar de una emergencia, puesto que los accesos son cada vez más difíciles: un sistema de prestaciones básicas congelado en un contexto de inflación, mayor o menor, es un obstáculo, ya que muchos terapeutas y centros, al ver restricciones en sus haberes, empiezan a ver la necesidad de limitar los servicios, sean en cantidad de días o en prestaciones".
