El PAMI Santiago vuelve a quedar en el centro de una pregunta brutal. Mientras dentro del organismo circulan versiones sobre presuntos pedidos de dinero a empleados vinculados a La Libertad Avanza para afrontar gastos partidarios, alquileres, servicios y desayunos de funcionarios, los médicos que atienden a jubilados advierten que el sistema prestacional está al borde de volverse inviable.
El contraste es brutal. De un lado, trascendidos internos sobre una presunta trama de aportes obligatorios. Del otro, jubilados que enfrentan demoras, restricciones, estudios limitados y medicamentos con menor cobertura. En el medio, médicos que aseguran que ya no pueden sostener consultorios con los valores que paga la obra social.
La voz del doctor Federico Canosa, entrevistado en Radio LV11, vuelve clave para entender la profundidad del problema. El profesional describió un escenario de deterioro creciente en la atención de afiliados del PAMI y sostuvo que el cambio de reglas de juego redujo prácticamente a la mitad los ingresos que venían percibiendo los prestadores.
“Es imposible sostener un consultorio”
Canosa fue directo. Según explicó, los médicos de cabecera deben afrontar alquiler, secretaria, seguros, insumos, servicios y una demanda cada vez más compleja de pacientes adultos mayores. Con los montos actuales, advirtió, el margen económico queda reducido al mínimo.
El planteo no es corporativo. Es sanitario. Si un médico deja de atender PAMI porque no puede pagar los costos básicos de su consultorio, el primer perjudicado no es el funcionario. Es el jubilado que pierde a su médico de cabecera, el que conoce su historia clínica, sus patologías, sus remedios y sus urgencias.
Canosa también remarcó que los adultos mayores no llegan al consultorio con una dolencia simple. Llegan con múltiples patologías, tratamientos prolongados, estudios pendientes y consultas que demandan tiempo. Por eso, explicó que no se puede atender de manera seria a una cantidad ilimitada de pacientes por día.
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Estudios limitados y más burocracia
Uno de los puntos más graves de la entrevista fue la advertencia sobre la restricción en estudios y análisis. Según Canosa, se limitan prácticas mientras al mismo tiempo se exige completar fichas con datos que requieren más controles médicos.
La contradicción es evidente. Se le pide al médico más información, más carga administrativa y más seguimiento, pero se recortan herramientas para llegar a un diagnóstico completo. Y en el PAMI, esa tensión no se mide en planillas: se mide en enfermedades crónicas, tratamientos demorados y adultos mayores que no siempre pueden esperar.
El propio Canosa definió esa situación como un contrasentido. Y lo es. Porque no se puede exigir medicina de calidad mientras se achican las condiciones materiales para ejercerla.
El ajuste también cae sobre los medicamentos
La crisis no se limita al pago médico. Canosa también advirtió sobre la reducción en la cobertura de medicamentos. Según explicó, remedios que antes tenían cobertura total hoy aparecen con porcentajes menores, salvo casos puntuales.
Para un jubilado, esa diferencia puede ser decisiva. Un medicamento que baja de cobertura deja de ser una línea en un sistema informático y pasa a ser una elección dolorosa en el mostrador de una farmacia: qué comprar, qué postergar, qué tratamiento cumplir a medias.
Por eso, el debate sobre el PAMI Santiago no puede quedar encerrado en la contabilidad oficial. La pregunta de fondo es humana: ¿qué pasa con un adulto mayor cuando la obra social que debería protegerlo empieza a exigirle más trámites, más espera y más dinero?
Médicos que siguen por compromiso, no por condiciones
Canosa aclaró que los médicos no quieren abandonar a sus pacientes. Muchos los atienden desde hace años y sostienen el vínculo por compromiso profesional y humano. Pero también fue claro: la situación no puede sostenerse indefinidamente.
Ese punto debería encender todas las alarmas. Cuando un sistema depende del sacrificio personal de los profesionales y no de condiciones dignas de funcionamiento, el problema ya no es coyuntural. Es estructural.
Y si ese sistema empieza a expulsar médicos, los jubilados terminarán buscando atención en hospitales públicos que ya están saturados. Es decir, el ajuste del PAMI no desaparece el problema: lo traslada.
El contraste con los presuntos aportes internos
En este escenario, los trascendidos sobre presuntos pedidos de dinero a empleados del PAMI Santiago adquieren una dimensión mucho más grave. Fuentes internas del organismo aseguran que habría malestar por una supuesta continuidad de prácticas vinculadas a “aportes obligatorios” destinados a gastos políticos o partidarios.
La denuncia pública de la exdirectora Marcela Coronel ya había dejado planteado un antecedente sensible. Según su testimonio, referentes libertarios locales le habrían reclamado un porcentaje de su sueldo como aporte partidario. Ahora, nuevas versiones internas señalan que mecanismos similares podrían haber continuado bajo otras formas.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede hablarse de austeridad frente a jubilados y médicos, mientras dentro del organismo circulan sospechas sobre dinero destinado a sostener alquileres, servicios o desayunos de funcionarios?
Si esas versiones son falsas, deben ser desmentidas con documentación. Si son ciertas, deben ser investigadas. Pero lo que no puede hacer la conducción local es responder con silencio.
Horacio Ochoa debe dar explicaciones
El gerente local del PAMI Santiago, Horacio Ochoa, debería brindar explicaciones públicas. No solo sobre los presuntos pedidos de dinero a empleados, sino también sobre el estado real de la atención a jubilados en la provincia.
Debe explicar si existen reclamos formales de prestadores. Debe informar cuántos médicos continúan atendiendo. Debe aclarar si hubo reducción de prácticas, demoras en turnos, limitaciones en estudios o dificultades en la cobertura de medicamentos. Y también debe despejar si dentro del organismo hubo o no mecanismos de recaudación política entre empleados.
Porque su responsabilidad no es partidaria. Es institucional.
El PAMI no pertenece a La Libertad Avanza ni a ningún espacio político. Pertenece a los jubilados. Y se sostiene con fondos que tienen una finalidad concreta: garantizar atención, medicamentos, tratamientos y prestaciones.
Una postal moralmente insoportable
La imagen que deja este cuadro es dura. Médicos diciendo que ya no pueden sostener consultorios. Jubilados contando pastillas. Pacientes esperando autorizaciones. Y, al mismo tiempo, versiones internas sobre presuntos aportes para gastos políticos.
Esa postal es moralmente insoportable.
Porque cuando un jubilado debe elegir qué remedio compra y cuál deja para después, cualquier sospecha de caja política dentro de su obra social deja de ser un rumor de pasillo. Se convierte en una pregunta pública urgente.
El PAMI Santiago debe responder. Horacio Ochoa debe explicar. Y los organismos de control deberían mirar con atención.
Porque si la salud de los jubilados está siendo ajustada, nadie dentro del organismo debería vivir cómodo con plata, silencio y poder.
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