En los últimos días, una ola de suspensiones preventivas de pensiones por invalidez generó preocupación e incertidumbre en Santiago del Estero, donde miles de beneficiarios se vieron sorprendidos al constatar que sus prestaciones habían sido suspendidas. El número de casos podría superar los 20.000 en toda la provincia, según estimaciones preliminares.
El origen del conflicto radica en una resolución tomada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que dispuso suspensiones a quienes no se presentaron a las auditorías médicas exigidas. La medida, según pudo saber Nuevo Diario, alcanza a titulares de pensiones por invalidez que no habrían respondido a la citación enviada por correo, debido a fallas en la notificación por deficiencias en los datos domiciliarios, según indicaron desde la delegación local de Anses.
“Andis envió la carta documento a los 76 mil titulares de estas pensiones para que vayan a las auditorías. Al no ir, por error de dato sobre el domicilio, se suspende de manera provisoria”, explicaron desde el Anses local. “Se trata de suspensiones preventivas. Todavía no significa que les hayan dado de baja. Las personas notificadas tienen que venir y nosotros los vamos a asesorar. En la mayoría de los casos van a tener que presentar una nota manuscrita para que las autoridades reconsideren esta medida y presentar informes y pruebas médicas que demuestren su discapacidad laboral”, agregaron.
Uno de los focos más críticos se registró en Termas de Río Hondo, donde según trascendió, más de 700 personas fueron notificadas con la suspensión de sus pensiones. Así lo informó Ivana Ibáñez, trabajadora de la Dirección Municipal de Salud y Acción Social, quien acompaña de cerca a muchos de los afectados.
A través de sus redes sociales, Ibáñez manifestó:
“Hoy nos dimos con la noticia de que 700 personas en Termas fueron notificadas con la suspensión de sus pensiones por invalidez. Esto indigna, porque justos están pagando por pecadores. Sabemos que existen pensiones obtenidas de modo ilegal, pero las evaluaciones no se están llevando a cabo de manera justa y equitativa”.
Además, denunció las graves consecuencias sociales de esta decisión administrativa:
“Es desgarrador ver a personas con discapacidades visibles, muchas de ellas ya en edad avanzada, que dependen de estas prestaciones para sobrevivir y que ahora se enfrentan a la pérdida de este beneficio vital. La realidad es que muchos enfrentan obstáculos insalvables para demostrar su situación: la lejanía, la falta de recursos económicos y la desinformación total los dejan sin opciones”.
Ibáñez cuestionó duramente el procedimiento de auditoría impulsado por el gobierno nacional:
“¿Cómo se puede esperar que personas que viven en lugares remotos, sin medios de movilidad, puedan cumplir con los requisitos de la auditoría en tiempo y forma? La burocracia y la desorganización están dejando a estas personas en una situación de vulnerabilidad extrema, con consecuencias devastadoras para sus vidas”.
Mientras tanto, en las oficinas del Correo Argentino en la capital santiagueña se recibieron más de 500 notificaciones de suspensión, generando largas filas de beneficiarios que buscan respuestas ante el temor de perder un ingreso fundamental para su subsistencia.
El proceso, que comenzó a fines del año pasado con la reasignación de las auditorías médicas a las sedes de Anses en todo el país, parece haber colapsado ante la falta de un sistema de notificación efectivo. Desde organizaciones sociales y municipios del interior ya se multiplican las denuncias por falta de información, errores administrativos y falta de acompañamiento estatal.
