En un encuentro interprovincial de alto impacto, las autoridades sanitarias de la región se reunieron en Santiago del Estero para denunciar el desfinanciamiento nacional del programa Incluir Salud. Frente a este panorama crítico, las provincias han conformado un frente común para garantizar la continuidad de prestaciones esenciales y tratamientos críticos.
El Ministerio de Salud de Santiago del Estero fue el escenario donde se desarrolló una reunión clave entre ministros, secretarios y referentes de las carteras sanitarias del Norte Grande. El objetivo central del encuentro fue analizar de manera urgente la delicada situación que atraviesa el programa Incluir Salud, cuyo funcionamiento se encuentra gravemente afectado debido al recorte en el financiamiento por parte del Gobierno nacional. La jornada permitió a los equipos técnicos intercambiar realidades y coordinar acciones defensivas frente a esta coyuntura.
La apertura de este espacio de diálogo contó con la participación de figuras de peso en la gestión regional. Entre ellos, el secretario de Salud de Santiago del Estero, Dr. Gustavo Sabalza, y el coordinador general del Ministerio, Cdor. Norberto Zanni, quienes recibieron a una numerosa comitiva de autoridades. Se hicieron presentes el ministro de Salud de Jujuy, Lic. José Manzur; la ministra de Salud de Catamarca, Dra. Johana Elizabeth Carrizo; el ministro de Salud de La Rioja, Dr. Juan Carlos Vergara; el ministro de Salud de Corrientes, Dr. Emilio Lanari Zubiaur; el secretario de Salud de Salta, Dr. Martín Monerris; y el subsecretario de Salud de Tucumán, Dr. Marcelo Montoya, junto a delegaciones de Chaco y Misiones.
Un escenario crítico para las familias
Durante el desarrollo de la jornada, las provincias coincidieron en un diagnóstico alarmante: la crisis del programa Incluir Salud no es aislada, sino generalizada en toda la región. Este desfinanciamiento está impactando de lleno en la población más vulnerable, poniendo en riesgo la provisión de medicamentos y la continuidad de tratamientos médicos de alta complejidad. La incertidumbre generada en miles de familias es, según los funcionarios, una de las consecuencias más dolorosas de esta falta de respaldo nacional.
Ante la inacción de Nación, el Gobierno de Santiago del Estero, junto a sus pares regionales, se ha visto obligado a intervenir mediante aportes extraordinarios de recursos propios. Esta medida, si bien vital, representa un esfuerzo financiero provincial titánico. El objetivo de este auxilio es evitar la interrupción de servicios críticos, tales como las prestaciones de diálisis, la logística de traslados médicos y la atención de cuadros clínicos que, por su naturaleza, no admiten ningún tipo de demora ni postergación administrativa.
Consecuencias de una gestión nacional deficiente
Las autoridades advirtieron que esta realidad no solo afecta la salud de los pacientes, sino que también sobrecarga drásticamente los sistemas hospitalarios provinciales. La falta de cumplimiento de las obligaciones nacionales provoca que los equipos de salud locales deban redoblar esfuerzos para suplir las carencias, lo cual agota los recursos técnicos y humanos disponibles. Además, se subrayó que esta situación profundiza las desigualdades territoriales entre las provincias y el centro del país.
Otro punto de preocupación señalado por los ministros es el incremento exponencial en los procesos de judicialización. Ante la falta de respuestas claras desde el Estado Nacional, muchos pacientes se ven forzados a recurrir a la vía judicial para garantizar sus derechos básicos, generando una presión innecesaria sobre los tribunales y, sobre todo, una angustia mayor para las personas que ya se encuentran lidiando con problemas de salud severos.
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Hacia una mesa de trabajo federal
Como resultado concreto de esta cumbre, se consensuó un documento que sintetiza la postura regional y se resolvió la conformación de una mesa federal permanente de seguimiento de Incluir Salud. Este organismo, que contará con la participación de representantes provinciales y nacionales, buscará auditar y gestionar soluciones frente a la desatención actual. Se trata de un mecanismo de control y propuesta necesario para asegurar que la salud no se detenga por falta de fondos.
La hoja de ruta está claramente trazada. La propuesta surgida en el encuentro será presentada formalmente ante el Ministerio de Salud de la Nación en la próxima reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA). En dicho ámbito, las provincias del Norte Grande exigirán respuestas concretas y una agenda de trabajo que contemple la sostenibilidad, la equidad y, fundamentalmente, la calidad de las prestaciones que los ciudadanos necesitan para sobrevivir.
La unidad regional como escudo
El encuentro reafirmó la decisión política inquebrantable de las provincias del Norte Grande de actuar de manera conjunta ante cualquier amenaza a sus sistemas de salud. La cooperación regional ha dejado de ser una opción para convertirse en una estrategia de supervivencia. Las autoridades presentes coincidieron en que la salud es un derecho innegociable que debe ser defendido con voz firme y unificada, independientemente de las presiones que se reciban desde los niveles centrales de la administración pública.
En conclusión, la reunión celebrada en la capital santiagueña marca un punto de inflexión. El compromiso de las provincias por sostener la equidad y la eficiencia en la atención sanitaria se mantiene firme a pesar del contexto adverso. La creación de la mesa federal y la exigencia ante COFESA son los primeros pasos de un plan de acción que busca, ante todo, que la crisis financiera nacional no se traduzca en una crisis sanitaria para los habitantes de esta región del país.
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