Personas con discapacidad, profesionales pertenecientes a diversas áreas afines y prestadores de servicios, entre otros, se movilizaron ayer en las inmediaciones de la plaza Libertad para exigir la aprobación del proyecto de ley que declara la emergencia nacional en discapacidad.
Nora Chazarreta, presidenta de la Asociación de Enfermos de Artritis Reumatoidea y Familia, aseguró que hubo "una respuesta altamente positiva" por parte de la sociedad santiagueña.
"Se siente el dolor de las personas con discapacidad, que se han reunido para decir: '¡No al ajuste!', '¡No al quiete de pensiones!', '¡No a la falta de medicamentos!'. Estamos unidos para defender los derechos que les corresponden", agregó.
La jornada fue replicada en diferentes partes del país. Entre las principales problemáticas se destacan: atrasos en los pagos a prestadores, falta de actualización de aranceles, barreras en el acceso a tratamientos y medicamentos, y aplicación de normativas regresivas.
Chazarreta, consultada por Javier Milei, presidente de la Nación, y Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, fue contundente: "Son personas que no saben, que hablan desde su ignorancia. Hay que tenerles lástima".
Los manifestantes se congregaron frente a la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen y rodearon la plaza. Cantaron el Himno Nacional Argentino y al finalizar, reflexionaron sobre el contexto.
Daniela Águila, secretaria de Derechos Humanos de la Provincia, ratificó que "esta es una problemática federal". "El conflicto se está dando a lo largo y ancho del país. La situación es crítica. La cobertura de las personas con discapacidad, llámese médica, terapéutica o asistencial, está siendo seriamente afectada por la falta de pago de las prestaciones y los medicamentos".
En rigor, el proyecto tiene como objetivo garantizar, hasta el 31 de diciembre de 2027, "los derechos esenciales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, empleo, pensiones no contributivas y protección social". Asimismo, propone "fortalecer a los prestadores fundamentales del sistema y promover el cumplimiento real del cupo laboral, con incentivos a las empresas que generen empleo inclusivo".
Águila, en ese sentido, dijo que "trato de ser positiva". "Espero que los legisladores apoyen este proyecto, que sería ponerle un manto de protección a los derechos conquistados para que no se avasallen más de lo que están. Seguiremos en la lucha para no retroceder", avizoró.
Cecilia Palacios, representante legal del Instituto Soles, lamentó: "Es un sector que está en el olvido". "Pedimos que por favor nos visibilicen, que se interioricen de lo que está pasando: se están vulnerando los derechos de las personas con discapacidad", solicitó.
Silvia Abate, directora del Instituto Suyay, estimó que "estamos luchando hace muchísimos años, pero hoy más que nunca".
"Estamos muy preocupadas porque no tenemos alternativas, sobre todo a nivel nacional. Los afiliados han quedado sin prestaciones. Es un panorama incierto y no podemos actuar", señaló.
Abate también apuntó contra Milei y Spagnuolo: "No les interesa la discapacidad, el déficit cero es lo que se impone. Tengo la esperanza de que podamos concientizar al pueblo: esta lucha es de todos, no solamente de quienes estamos en discapacidad".
