Desde el Gobierno nacional dejarán de financiar los pasajes gratuitos en micros de larga distancia a personas con discapacidad, trasplantados y menores con cáncer, y delegarán esa responsabilidad en las empresas.
La decisión —adoptada desde la Secretaría de Transporte— se dio a través de la Resolución 28/2026, publicada en el Boletín Oficial: derogan el esquema de compensaciones económicas que desde el Estado nacional otorgaban a las empresas de micros de larga distancia por los pasajes gratuitos emitidos por ley.
La normativa establecía que desde el Estado "compensaban parcialmente a las empresas por los tickets otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera y menores con cáncer".
Patricia Paradelo, directora del Centro Educativo Terapéutico Integral Santiagueño y referente del Foro de Prestadores de Servicios de Discapacidad de Santiago del Estero, consideró ayer –en diálogo con Nuevo Diario– que desde el Estado "vuelven a golpear fuertemente al sector de discapacidad y, sobre todo, a las personas y familias que más necesitan acompañamiento".
"Entendemos y acompañamos la necesidad de auditorías, controles y transparencia para evitar abusos, pero no estamos de acuerdo con decisiones que terminan afectando derechos básicos y dificultando el acceso a salud, rehabilitación, educación y tratamientos", expresó.
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En este marco, desde Transporte agregaron que "la capacidad de los transportistas para fijar libremente sus precios, recorridos y horarios les permite ahora internalizar dentro de su estructura de costos las obligaciones legales".
Según Paradelo, "muchas personas con discapacidad necesitan trasladarse largas distancias para recibir atención especializada"; por lo tanto, "quitar estas herramientas implica generar más desigualdad y más barreras".
"El ajuste no puede recaer siempre sobre los sectores más vulnerables. Creemos que el camino debe ser mejorar los controles sin desproteger a quienes realmente necesitan estas prestaciones", contempló.
Vale mencionar que la resolución no elimina el derecho de los usuarios a viajar sin cargo, puesto que el documento aclara que "el derecho a la gratuidad previsto en las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) permanece plenamente vigente y exigible frente a los transportistas".
Por último, Iris Assefh, presidenta de la Asociación Trasplante y Vida Santiago del Estero, advirtió —también en diálogo con Nuevo Diario— que "el temor siempre existe en las comunidades vulnerables".
"La cuestión es seguir empoderando a los pacientes para que conozcan sus derechos. Los pacientes a los que se les niegue (el pasaje gratuito) deben hacer las denuncias correspondientes, porque si las denuncias no quedan registradas, literalmente no existen", recomendó.
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