Una oficial de la Policía Bonaerense, identificada como Micaela Quintana (29), fue detenida y separada de la fuerza de seguridad tras ser acusada de haber encubierto a su pareja, señalado como jefe de una organización criminal dedicada a robos bajo la modalidad de entraderas.
La investigación, encabezada por la DDI de La Matanza, apunta a Aaron Eloy Mancilla (25) como el presunto líder de una banda que habría cometido múltiples asaltos violentos en el barrio Villa Dorrego, en González Catán.
De acuerdo con la causa, el grupo delictivo habría protagonizado una seguidilla de robos en viviendas durante los meses de febrero, abril y mayo, donde las víctimas fueron reducidas con armas de fuego, amenazadas y despojadas de dinero, electrodomésticos y vehículos.
Uno de los hechos más graves investigados fue el ataque a un efectivo de la Policía Federal, quien fue agredido frente a su hijo, golpeado y amenazado, mientras los delincuentes le sustraían su arma reglamentaria, una motocicleta y otros bienes personales.
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Los investigadores lograron reconstruir la operatoria de la organización a partir del análisis de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y movimientos financieros, lo que permitió identificar a los presuntos integrantes y sus roles dentro de la estructura.
Según la pesquisa, la banda operaba con una organización interna definida, en la que cada integrante cumplía funciones específicas como jefes, ejecutores de los robos, vigiladores, reducidores y facilitadores de cuentas bancarias para el dinero sustraído.
En ese contexto, la policía detenida habría mantenido una relación de convivencia con el principal acusado, lo que, según la investigación, habría facilitado el conocimiento y eventual encubrimiento de las actividades delictivas.
El procedimiento concluyó con seis personas detenidas, entre ellas Quintana, quien se desempeñaba en la Estación de Policía Departamental de Seguridad de San Martín.
Durante los allanamientos se secuestraron armas de fuego, municiones de distintos calibres, chalecos antibalas, credenciales policiales, vehículos, motocicletas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, consolas de videojuegos y herramientas utilizadas para el robo de vehículos, además de otros elementos de interés para la causa judicial.
La investigación continúa en curso para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados dentro de la organización criminal.