La polémica iniciativa del Gobierno nacional generó un inmediato repudio en nuestra provincia. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero manifestó su profundo rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que pretende derogar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal.
Asimismo, el organismo local, encabezado por Luis Ger, adhirió al pronunciamiento emitido por la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina, defendiendo esta herramienta fundamental para la protección de la salud pública, el derecho a la información y los derechos de los consumidores.
La norma no se limita a la incorporación de advertencias visibles en los envases. La legislación regula de manera estricta la publicidad dirigida a niños, promueve entornos escolares saludables y establece criterios nutricionales para las compras estatales. Su derogación implica eliminar de un solo acto un conjunto integral de políticas públicas.
Esta ley nació como respuesta a una realidad sanitaria alarmante. Durante años, organismos nacionales e internacionales advirtieron sobre el crecimiento sostenido de la obesidad infantil, el sobrepeso, la diabetes tipo dos, la hipertensión arterial y diversas enfermedades cardiovasculares vinculadas al consumo excesivo de productos ultraprocesados con altos niveles de azúcares, sodio y grasas.
Desigualdad frente al mercado
Numerosos estudios demostraron que millones de consumidores desconocían la verdadera composición de los productos que adquirían debido a estrategias publicitarias y envases diseñados para inducir al error. Frente a esa realidad, el Estado Nacional decidió intervenir para equilibrar una relación profundamente desigual entre las grandes corporaciones y los compradores.
El objetivo de la ley fue garantizar información clara para que cada ciudadano ejerza plenamente su libertad. La libertad requiere conocimiento, y un consumidor desinformado simplemente queda sometido a las decisiones del mercado. Esta protección adquiere una importancia mayor en los menores de edad, incorporando restricciones a la publicidad en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y los principios constitucionales.
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Retroceso en los derechos históricos
Desde la Defensoría entienden que la salud pública no queda librada exclusivamente a las reglas del mercado. La experiencia histórica demuestra que muchos derechos que hoy consideramos naturales fueron resistidos por intereses económicos concentrados. La jornada laboral de ocho horas, las vacaciones pagas, la educación pública gratuita y la protección de los consumidores fueron posibles gracias a la intervención del Estado.
Por ello, su derogación representa un retroceso enorme en materia de salud pública. Desde una perspectiva constitucional, la eliminación de esta norma vulnera directamente el principio de no regresividad de los derechos económicos y sociales reconocido por tratados internacionales con jerarquía constitucional en nuestro país.
El impacto en los más vulnerables
Resulta especialmente preocupante que esta iniciativa avanza en un contexto donde se desmantelan diversas políticas de protección. Los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres y los trabajadores vienen soportando el retiro progresivo de herramientas estatales de contención. Las familias de menores ingresos son precisamente las que más necesitan mecanismos simples para conocer qué consumen.
Asimismo, la prevención constituye una de las políticas sanitarias más eficientes desde el punto de vista económico, ya que los costos derivados de estas enfermedades crónicas son sustancialmente superiores a los recursos necesarios para sostener leyes preventivas.
Por todo ello, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Santiago del Estero exhorta a los legisladores nacionales a rechazar cualquier intento de derogación y a preservar los derechos conquistados. Una sociedad más libre cuenta con la información necesaria, entendiendo que la salud y la protección de la infancia no constituyen privilegios, sino derechos humanos fundamentales que el Estado tiene la obligación de garantizar.
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