La causa que investiga la trágica muerte de la pareja de motociclistas integrada por Johana Ibáñez y Sergio Gordillo, embestidos por un móvil policial en la Capital de Santiago del Estero, continúa avanzando en el ámbito judicial y ya se analizan los posibles escenarios de pena para los dos efectivos detenidos, Yonatan Giménez y Nahuel Salto.
El hecho, que además dejó a una menor de 8 años, Briana Gordillo, internada en grave estado en el CEPSI, generó un fuerte impacto social y derivó en la intervención del Ministerio Público Fiscal, que investiga el caso bajo la figura de posible violencia institucional.
En términos legales, la principal imputación que se analiza es la de homicidio culposo vial agravado, contemplado en el Código Penal para los casos en los que la conducción imprudente o antirreglamentaria de un vehículo provoca muertes. Esta figura prevé penas que van de 3 a 6 años de prisión, además de la inhabilitación para conducir por un período que puede extenderse entre 5 y 10 años.
Sin embargo, la situación podría agravarse en función de los resultados de las pericias accidentológicas, que buscan determinar la velocidad del patrullero, el uso de sirenas y balizas, y si existió o no violación de normas de tránsito en el momento del impacto. Estos elementos serán claves para establecer el grado de responsabilidad de los imputados.
A su vez, la investigación contempla el llamado concurso real de delitos, ya que además del fallecimiento de los dos adultos, se evalúan las lesiones graves sufridas por la menor sobreviviente. En este marco, el delito de lesiones culposas viales agravadas también podría ser incorporado a la acusación, con penas adicionales que se suman a la causa principal.
De confirmarse este encuadre, la expectativa de pena podría ubicarse en un rango mayor al previsto inicialmente, debido a la acumulación de delitos y agravantes, lo que abriría la posibilidad de una condena de cumplimiento efectivo.
La condición de los acusados como efectivos policiales en funciones también es un factor relevante, ya que el Código Penal contempla una mayor exigencia del deber de cuidado para funcionarios públicos, lo que podría incidir en la valoración judicial del caso.
Mientras tanto, la comunidad sigue con preocupación la evolución del estado de salud de Briana Gordillo, cuya situación médica permanece delicada, en paralelo al avance de una causa que ya genera fuerte repercusión en toda la provincia.
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