En Afganistán, bajo el gobierno del Talibán, las restricciones hacia mujeres y niñas continúan profundizándose. Un reciente decreto vinculado al divorcio ha encendido nuevas alertas entre activistas, al establecer condiciones que, según denuncias, dificultan aún más la posibilidad de que las menores casadas puedan salir de situaciones de violencia o abuso.
La normativa establece que una niña dada en matrimonio solo podría solicitar el divorcio al alcanzar la pubertad —que puede ocurrir desde los nueve años— y únicamente si logra demostrar situaciones graves de maltrato. Incluso en esos casos, el proceso depende de la aprobación del esposo y de la mediación familiar, lo que en la práctica deja a muchas menores sin posibilidad real de protección. Activistas como la periodista exiliada y defensora de derechos humanos Khadija Amin, de la Asociación Esperanza de Libertad, advierten que estos matrimonios constituyen una forma de violencia estructural y que muchas niñas quedan atrapadas en sistemas sin salida legal efectiva.
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Según Amin, el impacto de estas políticas va más allá del matrimonio infantil: se suma a un contexto de restricciones progresivas que incluye la exclusión de las mujeres de la educación secundaria y universitaria, la prohibición de trabajar en gran parte de los sectores, la obligación de salir acompañadas por un hombre y el control sobre su presencia y expresión en público. Este conjunto de medidas ha sido señalado por organizaciones internacionales como un sistema de restricción total de la autonomía femenina.
En este contexto, la activista alertó además sobre una consecuencia cada vez más frecuente y alarmante: el aumento de casos de suicidio entre niñas y mujeres afganas. “Para la sociedad afgana, una mujer divorciada sigue siendo rechazada. “La mayoría ni siquiera se atreve a pedir el divorcio”, explicó Khadija Amin, quien también denunció que muchas menores son forzadas a matrimonios que, en la práctica, funcionan como violencia sexual legitimada por el sistema legal vigente.
Organismos de derechos humanos y redes de activismo internacional advierten que este tipo de decretos refuerzan un modelo de control que no solo limita derechos básicos, sino que deja a niñas y mujeres sin mecanismos reales de escape frente a situaciones de abuso, consolidando una de las crisis más graves de derechos humanos en la actualidad.
