Pese a decisiones del máximo tribunal y al cierre de la vía recursiva en el país, el expediente vinculado al asesinato de la psicóloga María Rosa Pacheco volvió a instalarse en el debate público, mientras la familia afectada sostiene que existió una privación de libertad irregular y fallas graves en la pesquisa inicial.
El caso se remonta a 1996, cuando la profesional desapareció tras salir de un centro de salud donde había visitado a su madre internada. Días después, su vehículo apareció incendiado en una zona cercana al dique de Ullum y más tarde se hallaron restos humanos en un sector del Villicum, lo que derivó en una investigación de alto impacto social y judicial.
En ese contexto fueron señalados el esposo de la víctima y su hermano, quienes terminaron detenidos durante casi tres años mientras avanzaba la causa. La hipótesis acusatoria los ubicaba en roles de instigación y ejecución, aunque con el avance del proceso surgieron cuestionamientos sobre pruebas, peritajes y líneas investigativas alternativas que nunca se consolidaron.
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El juicio oral se desarrolló en 1999 y concluyó con la absolución de ambos acusados por mayoría, decisión que además ordenó continuar la investigación para esclarecer lo ocurrido. Sin embargo, esas nuevas actuaciones no lograron avances determinantes y con el paso del tiempo prescribieron sin responsables identificados.
Años después, los involucrados iniciaron un reclamo indemnizatorio por el tiempo de encierro sin condena firme. Ese pedido atravesó distintas instancias judiciales y fue rechazado tanto en tribunales provinciales como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó el recurso por cuestiones formales vinculadas a su presentación.
Con el cierre de la vía local, la discusión se trasladó al plano internacional, donde la defensa sostiene que existió una vulneración de derechos fundamentales durante el proceso judicial. El planteo ahora se analiza en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, el expediente principal continúa sin condenados y el hecho permanece sin resolución definitiva, manteniendo abierta una de las causas criminales más discutidas de la historia judicial de San Juan.
