Un comerciante del barrio Fonavi de la ciudad de Quimilí, departamento Mariano Moreno, dedicado a la venta de repuestos para el automotor, recibió un mensaje de texto de un número con característica telefónica de la provincia de Salta, aunque no le llamó demasiado la atención porque suele tener clientes de distintas provincias norteñas. El emisor del mensaje le manifestó su intención de comprar un caño de escape para una camioneta y se inició una conversación comercial durante la tarde de anteayer.
El quimilense, identificado por la policía como Claudio Ruiz (64 años), le ofreció el repuesto que necesitaba y charlaron sobre el precio final. Finalmente, llegaron a un acuerdo por $405 mil por el caño de escape. El comprador le manifestó que realizaría la transferencia del dinero a la billetera virtual del comerciante y que posteriormente retiraría el repuesto desde el negocio.
Efectivamente, momentos después. Ruiz recibió en su celular un comprobante por la suma de $4.050.000. Sin embargo, casi de inmediato, el comprador se puso nuevamente en contacto con el comerciante y le dijo que su pareja había cometido un error al realizar la transferencia y envió dinero de más. En este sentido, el comprador le manifestó que operadores del Banco Nación se iban a poner en contacto con él para subsanar el error y transferirle correctamente los 405 mil pesos por el caño de escape.
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El comerciante no quería perder la venta y esperó el llamado de los empleados bancarios. En efectivo, se pusieron en contacto con Ruiz, a quien le dijeron que lo guiarían en las operaciones para concretar la devolución del dinero de más que había transferido su cliente. Sin embargo, en la maniobra, le solicitaron información vital sobre su billetera virtual y datos personales, lo que provocó que accedieran a su cuenta y le sustrajeran $7.786.342. El dinero fue transferido a una cuenta desconocida de un masculino. De esta manera, el comerciante determinó que todo se había tratado de un engaño y una estafa.
El damnificado realizó la denuncia en la Comisaría Comunitaria Nº 29 y se informó a la Dra. María Luján González Garay, representante de la Unidad Fiscal Capital. La funcionaria judicial dispuso que personal del Departamento de Delitos Económicos y de Ciberseguridad se hiciera cargo de la investigación.
