La causa por la presunta estafa multimillonaria que tiene como principal investigada a la contadora Nora Isabel Villarroya ha ingresado en una fase crítica que redefine el escenario legal. Mientras las fuerzas de seguridad mantienen los operativos para dar con el paradero de la acusada —quien permanece prófuga tras denegársele la eximición de prisión—, el expediente sumó un peso determinante con la radicación de tres nuevas denuncias en el Departamento de Delitos Económicos.
Esta vez, la alerta proviene de productores del sector agropecuario, cuyas presentaciones no solo amplían el número de damnificados y el perjuicio global, estimado en más de 5.000 millones de pesos, sino que impactan de lleno en la estrategia que se perfilaba para su defensa.
Hasta ahora, el relato defensivo que logró colarse en la agenda mediática buscaba camuflar el millonario desfalco detrás de una fachada técnica, limitando el conflicto a un litigio netamente de índole comercial. De acuerdo con los argumentos que cobraron estado público, la sospechosa pretendía instalar la hipótesis de una disputa interna por rendición de cuentas y deudas en el seno de la firma DEJDE SRL de Clodomira, apuntando las responsabilidades hacia un socio por el descalabro financiero.Bajo esa narrativa, su intervención se habría limitado al uso de poderes vigentes para cancelar obligaciones, pretendiendo trasladar el debate al fuero civil, lejos de la órbita criminal.
Sin embargo, la irrupción de estos tres nuevos agricultores en la causa desarma esa estructura argumental. Los damnificados aducen haber sido captados mediante un mecanismo idéntico: la firma de poderes legales que luego habrían sido utilizados de forma inconsulta para gestionar millonarios préstamos bancarios en su perjuicio.
Ante este panorama, la hipótesis del mero encono societario privado pierde total sustento. La pregunta surge inevitable: ¿cómo sostendrá la defensa la hipótesis de la inocencia cuando la fiscalía a cargo de la Dra. Celia Mussi empieza a estructurar una acusación por estafas reiteradas?El argumento del mandato legal pierde fuerza ante un modus operandi serial y sistemático orientado a captar víctimas en el sector del agro, transformando lo que se pretendía presentar como un desacuerdo comercial en un presunto fraude a gran escala.
