La mañana del 17 de noviembre de 2021, Lucas González, jugador de las divisiones inferiores del Club Atlético Barracas Central, regresaba junto a tres amigos de un entrenamiento. Los adolescentes circulaban en un automóvil por el barrio porteño de Barracas cuando fueron interceptados por un vehículo sin identificación policial.
Según la investigación judicial, los ocupantes del automóvil eran integrantes de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que realizaban tareas de civil. Al advertir que otro vehículo se acercaba de manera repentina, los jóvenes intentaron alejarse del lugar creyendo que podían ser víctimas de un robo.
Fue entonces cuando los policías efectuaron varios disparos contra el vehículo.
El ataque
Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas González, quien perdió el control del automóvil. Sus amigos resultaron ilesos físicamente, pero fueron demorados por los propios efectivos.
Lucas fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, falleció al día siguiente como consecuencia de las heridas.
Su muerte provocó una profunda conmoción en todo el país y generó múltiples homenajes en el ámbito deportivo y social.
La investigación
Desde los primeros días, la reconstrucción de los hechos comenzó a poner en duda la versión inicial presentada por los policías involucrados. Las pericias balísticas, los registros de cámaras de seguridad y los testimonios reunidos por la Justicia permitieron determinar que los adolescentes estaban desarmados y que no existía ningún enfrentamiento armado.
Los investigadores concluyeron que los efectivos dispararon sin una causa que justificara el uso de sus armas reglamentarias. Además, la causa reveló la existencia de un presunto intento de alterar la escena del crimen y construir una versión falsa de lo ocurrido para justificar el accionar policial.
Las pruebas reunidas señalaron que algunos funcionarios habrían plantado un arma y manipulado evidencias con el objetivo de hacer creer que los jóvenes habían protagonizado un enfrentamiento con la Policía.
El juicio
El juicio oral comenzó en 2023 y se extendió durante varios meses. A lo largo del proceso declararon sobrevivientes, familiares, peritos, médicos, investigadores y numerosos testigos.
En julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 25 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a tres policías considerados responsables del homicidio agravado de Lucas González y del intento de homicidio de sus tres amigos.
Otros efectivos recibieron condenas por distintos delitos vinculados con el encubrimiento, la privación ilegal de la libertad, las falsedades documentales y otras maniobras destinadas a desviar la investigación.
La sentencia fue considerada un fallo histórico en materia de violencia institucional y responsabilidad de agentes estatales.
El impacto social
El caso generó un amplio debate sobre el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, los controles sobre los operativos realizados por personal de civil y los mecanismos de investigación cuando existen sospechas de violencia policial.
Organizaciones de derechos humanos, instituciones deportivas y distintos sectores de la sociedad reclamaron mayores medidas para prevenir este tipo de hechos y garantizar investigaciones independientes cuando intervienen agentes del Estado.
La muerte de Lucas también impulsó campañas de concientización contra la violencia institucional y motivó homenajes en clubes de fútbol, escuelas y espacios públicos.
Un caso que marcó a la sociedad argentina
El asesinato de Lucas González trascendió el ámbito judicial y se convirtió en uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional en la Argentina reciente. La investigación permitió reconstruir lo ocurrido, desmontar la versión inicial presentada por los responsables y establecer responsabilidades penales mediante un proceso judicial ampliamente seguido por la opinión pública.
El caso permanece como un recordatorio de la importancia del control sobre las fuerzas de seguridad, del valor de las pruebas científicas en las investigaciones y de la necesidad de garantizar que el uso de la fuerza por parte del Estado se ajuste siempre a la ley y al respeto por los derechos humanos.
