Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria por más de 150.000 dólares
El entrenador de Banfield y su esposa presentaron una denuncia penal contra una Desarrolladora de Negocios. La investigación apunta a más de 100 inversores afectados por proyectos nunca concluidos.

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Pedro Troglio denunció una estafa inmobiliaria por más de 150.000 dólares
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Pedro Troglio y su esposa, Alejandra Alonso, denunciaron penalmente a una Desarrolladora de Negocios por presunta estafa y administración fraudulenta, tras haber invertido casi 200.000 dólares en fideicomisos inmobiliarios que nunca se concretaron. Según el escrito presentado ante la Justicia, los responsables de la firma —Diego Lacki, Macarena Núñez y Juan Ignacio Eulloque— ofrecían departamentos “en pozo” con promesas de entrega rápida y pago de renta mensual, compromisos que no se cumplieron.
El primer caso ocurrió en marzo de 2024, cuando la pareja invirtió 64.000 dólares en el fideicomiso en La Plata. La obra estaba parcialmente construida y debía entregarse en 2025, con abono mensual a los inversores durante la construcción. Sin embargo, la obra quedó paralizada y los pagos prometidos se interrumpieron, mientras nunca se rindieron cuentas sobre el destino del dinero ni se informó sobre los demás inversores.
La segunda inversión, realizada por casi 94.000 dólares, se considera aún más grave. Según la denuncia, Lacki habría mostrado supuestos avances de obra falsos y presionó a Troglio y su esposa para cerrar la operación de inmediato, aprovechando que el entrenador estaba en el exterior. Parte de los fondos fueron transferidos a cuentas en el extranjero vinculadas a Lacki, lo que, según los denunciantes, evidencia la apropiación indebida del dinero.
La presentación judicial detalla que la empresa continuó captando inversores a pesar de estar al borde de la cesación de pagos y menciona sociedades y cuentas offshore, dificultando el rastreo de los fondos. Se estima que más de 150 personas podrían haber sido afectadas por esta maniobra.
Troglio solicitó a la Justicia allanamientos en oficinas y domicilios, secuestro de documentación y dispositivos electrónicos, peritajes contables y técnicos, inhibición general de bienes y prohibición de salida del país para los denunciados. La Fiscalía deberá ahora determinar si existió fraude y establecer el destino final de los fondos invertidos por el entrenador y otros damnificados.
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