La Oficina de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por las medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de las bandas.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga respetando el derecho internacional de los derechos humanos”, dijo la portavoz, Liz Throsell.
Desde la adopción del estado de excepción el 27 de marzo, se han desplegado fuerzas policiales y militares, al parecer, se ha recurrido a un uso innecesario y excesivo de la fuerza. Más de 5747 personas han sido detenidas sin orden de arresto, y algunas han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes, precisa la ONU.
Además del estado de excepción, preocupan profundamente ciertas modificaciones del derecho penal, por su imposición de sentencias elevadas, incluso con respecto a los niños y porque debilita las garantías del debido proceso.
